18 de agosto de 2019
18 de agosto de 2019 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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La presentación coincide con las audiencias que Carlos Gonella tendrá esta semana en Francia
La Fiscalía reclamó el procesamiento de 22 ejecutivos y empleados del BNP Paribas
La Fiscalía solicitó al juez Rappa que procese a todos los imputados que ya han sido indagados en la causa por asociación ilícita y lavado de activos. Un recorrido por las pruebas que consolidan la acusación.

La fiscal Paula Asaro, el fiscal de la Procuración Horacio Azzolín y el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, solicitaron hoy al juez Osvaldo Daniel Rappa que dicte los procesamientos de los 22 directivos y empleados franceses y argentinos del Banco BNP en la causa en la que los tiene imputados por asociación ilícita para el lavado de dinero por más de 1000 millones de dólares.

También, requirieron, en carácter de medida cautelar, la inhibición general de bienes de los acusados y de BNP Paribas S.A. Respecto de la firma, que opera desde 2009 en nuestro país sólo con banca mayorista, solicitaron además "la prohibición de modificar la composición accionaria/del capital" y "la prohibición de distribuir dividendos". Las medidas tienen como objetivo "garantizar de modo suficiente la sujeción de los bienes a este proceso".

La presentación coincide con las audiencias que esta semana tendrá en París el fiscal Gonella para pedir cooperación a funcionarios del Estado Francés en la investigación de las cuentas aún no identificadas que guardaban dinero de procedencia ilícita. Esta tarde el titular de la Procelac fue recibido por su par antilavado francesa, la fiscal nacional financiera, Eliane Houlette.

"Se encuentran reunidos elementos de convicción suficientes para estimar que los encartados integraron, entre los años 2000 y 2008, una organización destinada al lavado de activos de procedencia delictiva y a infringir el régimen penal cambiario", indicaron los fiscales en un dictamen de más de 160 carillas. En efecto, precisaron que "el análisis de los indicios colectados en autos revela la intervención concreta y directa de la oficina de Clientela Privada Internacional del 'BNP Paribas' Buenos Aires en un proceso dinámico lógico de gestión integral del patrimonio ajeno por fuera del circuito legal establecido".

De acuerdo con los documentos secuestrados en la causa, sólo en 2005 el BNP tuvo ingresos por casi 1,8 millones de euros (EUR 1.799.073, concretamente) en concepto de comisiones por la administración de aquellos fondos. El dato fue resaltado en el pedido de indagatoria formulado en 2011 por el fiscal Sandro Abraldes.

Los acusados sobre los que el juez Rappa debe resolver su situación procesal son los ex directores generales de BNP Ghislain Martín de Bauce (1995-2000), Philippe Yves Henry Joannier (2001-2006) y Christian Marie Francois Giraudon (2006-2008); los directores administrativos Christian Armand Agustín Abeillon (1998-2006) y Michel Michael Basciano (2006-2008); la oficial de cumplimiento de BNP en Argentina, María Inés Armando; el director de Retail Banking de la entidad, Antonio Pedro Maffeo; la segundo jefe del departamento primera, Casandra Siemens; las asistentes Mariana Schuld y Mariana Judith Ini; el responsable de la oficina de Clientela Privada Internacional, con la categoría de jefe principal de Departamento, Alexis Nicolás Quirot de Poligny, y los ejecutivos y ejecutivas que se desempeñaban a cargo de este último en esa dependencia, Silvia Beatriz Zyla, Fernando Gabriel Celaya, Osvaldo Daniel Rodríguez (segundo jefe de Departamento de Primera categoría), Carlos Raúl Long, Ignacio Hector Borthaburu, Luis Pablo Cremona, Santiago Virgilio Tedin Uriburu, Irma Haydee Ibrajimovich, Elba Ilda Guibernau, Adriana Beatriz Terreni (segundo jefa de Departamento de Segunda categoría) y Daniel Omar Monaco (jefe del Departamento de Tercera categoría).

El juez Rappa se encuentra en condiciones de resolver la situación procesal de los 22 imputados, luego de que los indagara en diferentes actos llevados a cabo en el Juzgado de Instrucción N°35, donde recibió el descargo el año pasado a los imputados residentes en Argentina, y en la Cancillería, desde donde indagó en junio y agosto, por el sistema de videoconferencia, a seis acusados que comparecieron en París (de Bauce, Joannier, Giraudon, Abeillon, Basciano y Quirot de Poligny) y a una acusada que declaró desde Australia (Terreni).

Arquitectura de la fuga

Para la Fiscalía, en la causa existen "múltiples elementos probatorios" que acreditan "la participación en el proceso inicial de aperturas de cuentas bancarias en sedes del 'BNP Paribas' del exterior, en la constitución de sociedades, fundaciones, fideicomisos y empresas privadas de inversión extranjeras, y en toda una arquitectura montada para circulación de divisas hacia y desde las sucursales de la misma corporación, situadas en importantes plazas financieras mundiales, como Suiza, Luxemburgo y los Estados Unidos de América, entre muchas otras".

En efecto, la fundada hipótesis de la Fiscalía indica que el banco le vendía a sus clientes el servicio clandestino de colocar y administrar en el exterior sus divisas no declaradas a través de sociedades extranjeras que operaban con el BNP, que oficiaban como "cuentas de paso", para que el dinero culminara su ruta en las sucursales de la entidad de capital francés en Suiza, Luxemburgo, Miami, Panamá y Bahamas. Allí, los fondos no estaban al alcance del control de las autoridades públicas en materia fiscal de la Argentina.

"Este servicio de administración del patrimonio brindado por los integrantes de esta furtiva sede bancaria, comprendía el asesoramiento financiero, pero distaba de agotarse sólo en él, interviniendo de una forma imprescindible y protagónica en la materialización de las operaciones concretas y en la gestión de la documentación respectiva, implementando formas de actuación por mandato y diversas alternativas de administración con mayor o menor autonomía de sus agentes", indicaron los fiscales.

Los fiscales describieron que se trató de un "proceso integral" que no sólo abarcó la "expatriación de bienes", su administración y consumo o eventual repatriación, sino que además "velaba además por no contabilizar formalmente su actividad financiera, ni llevar registros formales de sus clientes, ni de las operaciones en las que intermediaba, sin conservar documentación impresa en sus instalaciones –u otras sedes- y preservando el contenido de muchos de sus documentos informáticos bajo una clave de acceso que impedía su visualización por parte de terceros". En efecto, señalaron, los servicios brindados por el BNP tenían "diversos grados de custodia de su anonimato, con cuentas numéricas y codificadas, con la salvaguardia de correspondencia en el exterior, requiriendo autorizaciones para revelar información de los clientes, implementando la destrucción de documentación y coordinando la constitución de estructuras jurídicas en el exterior y su utilización financiera".

Por otro lado, los fiscales apuntaron al incumplimiento, por parte de la entidad, de los estándares legales sobre la obligatoriedad de las reglas de conocimiento del cliente y el deber de reportar operaciones inusuales. De hecho, los representantes del MPF pusieron énfasis en la calidad de funcionarios públicos -de los tres poderes del Estado- de al menos 12 de los 22 titulares de cuentas identificados hasta ahora. "La normativa no exige que se deduzca automáticamente la ilicitud de los fondos que invierten en el exterior funcionarios públicos, pero dichos estándares -al estar claramente dirigidos a prevenir y detectar transacciones vinculadas con hechos de corrupción- exigen intensificar el escrutinio sobre las transacciones bancarias que involucren funcionarios", indicaron.

"Pareciera que no está declarado"

Las pruebas que consolidan las imputaciones salieron de las propias computadoras de la oficina de Clientela Privada Internacional allanada en 2007. En otras, los fiscales citaron en la presentación los correos electrónicos entre los operadores de las sucursales de Buenos Aires y las off-shore del banco u otras sucursales. En un correo, uno de los acusados le dice a un par del BNP de París: "El dinero que le está enviando [se refiere a unos 40 mil euros], pareciera que no está declarado ante las autoridades fiscales argentinas, por lo que por favor, no sea demasiado preciso por teléfono, es común intervenir líneas telefónicas para escuchar y controlar personas importantes en Argentina".

Otro ejemplo que aparece en el dictamen de los fiscales es el intercambio entre dos ejecutivos de Buenos Aires y París. El porteño consulta: "Un cliente me pidió abrir una cuenta en BNPP París y que la misma fuera numerada o bien que la misma pueda tener un nombre de fantasía. Como él no quiere tener cuenta en Suiza ni en Luxemburgo, me preguntó si esto es posible en París. La cuenta sería de unos USD500 mil a USD1 Millón a invertir en distintos productos". En la respuesta, el parisino le señala: "Es posible abrir una cuenta con un nombre alias. Te propongo que lo hablemos contigo o con su cliente los 17-18-19 de octubre ya que estaremos en Buenos Aires en estas fechas".

También, aparecen centenares de archivos, entre los que, por ejemplo, se encuentran diferentes modelos de contratos. Entre ellos, uno identificado como “Acuerdo complementario a la apertura de una cuenta numérica. Utilización de un nombre codificado para identificar la cuenta”.

Hay pruebas también sobre cómo se organizaba la gestión de los fondos en el exterior. Otro archivo, describieron los fiscales, "lleva en cada una de sus páginas la inscripción 'BNP Paribas Private Banking' y 'BNP Paribas Trust Company SA', informa sobre la escala de tarifas por comisiones para las diversas estructuras de gestión de patrimonios del año 2007 ('Fee scale for wealth management structures – 2007'), preestablecidas para la formación, registración, honorarios, preparación de documentos, gastos de administración, apertura de cuentas bancarias, contaduría, comisión por gestión, custodia de documentos y otros servicios vinculados a fideicomisos y fundaciones en Liechtenstein; fundaciones en Bahamas y Panamá; y empresas privadas de inversión en Bahamas, las Islas Vírgenes Británicas, Panama, Costa Rica, Seychelles, Hong Kong, Chipre y las Islas Cayman".

Otro documento que para los fiscales es "elocuente" de que la actividad del BNP "no se agotaba en el mero asesoramiento financiero, sino que materializaban las operaciones y gestionaban los activos mediante la denominada delegación dirigida o discrecional" señala los servicios prestados por el equipo de Banca Privada. Entre otras cosas, ofrece a sus clientes "la Gestión Discrecional" del dinero y explica. "Al delegarnos la gestión de sus activos financieros nuestros clientes acceden a un amplio abanico diversificado e innovador de soluciones de gestión, no siempre al alcance del inversor privado". También ofrece la "Gestión Dirigida", que "permite a nuestros clientes controlar directamente sus decisiones de inversión siguiendo el consejo de los expertos del grupo BNP Paribas".

Confesión de parte

Otra de las pruebas, incorporadas recientemente a la investigación, está conformada por el reconocimiento de la existencia de las cuentas ocultas por parte de sus titulares ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que logró cobrarles los impuestos a los bienes personales y a las ganancias.

"En el caso de los que reconocieron y ajustaron [pagaron los impuestos adeudados] se llegó a la conclusión que las cuentas se ocultaron y fueron exteriorizadas en virtud de las diversas fiscalizaciones originadas con los legajos aportados por la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°49", indicaron los fiscales en la presentación.

Es decir que la evasión fue reconocida luego de que esa Fiscalía, actualmente a cargo de Asaro -y antes de Sandro Abraldes, Mariano Solesio y Azzolín en distintos períodos del trámite de esta causa- diera aviso a la AFIP de la realización de esta investigación dirigida a dilucidar la actuación de ejecutivos y empleados del BNP Paribas.