El Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) N°1 ordenó el decomiso de 13 propiedades registradas a nombre de personas físicas y jurídicas allegadas al contador público Diego Xavier Guastini, quien fue condenado en septiembre de 2019, junto a otras personas, como uno de los líderes de una asociación ilícita que lavado de activos de origen ilícito provenientes del narcotráfico- y por contrabando.

La resolución, suscripta por la jueza Sabrina Namer el 30 de mayo pasado, es consecuencia del pedido formulado por el titular de la Fiscalía N°1 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico, Marcelo Agüero Vera, junto a la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) de la Procuración General de la Nación, a cargo de María Fernanda Bergalli y María del Carmen Chena, respectivamente.

De este modo, son 26 las propiedades decomisadas a esta organización, ya que estos 13 inmuebles que fueron adquiridos con fondos provenientes del narcotráfico internacional, se suman a otros 13 que habían tenido el mismo destino en abril de 2023.

Además, en su decisión, la jueza Namer delegó en el Ministerio Público Fiscal y en la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) las gestiones necesarias para individualizar otros bienes que pudieran ser objeto de eventuales decomisos y, así, avanzar en la recuperación de los activos ilícitos.

El caso

La decisión de la jueza Namer forma parte del tramo final de la causa en la que Guastini y otras personas fueron condenadas, el 20 de septiembre de 2019, por integrar una asociación ilícita dedicada al contrabando, el lavado de activos y otros delitos conexos.

En aquella oportunidad, el TOPE N°1 difirió el tratamiento del destino de los bienes objeto o producto de las maniobras de contrabando y lavado de activos.

En el caso, las personas imputadas reconocieron su intervención en la organización que, entre 2013 y 2014, ingresó al país dinero en efectivo que recibieron en el extranjero, por parte de distintos grupos que comercializaban estupefacientes. Los beneficios de la actividad ilícita fueron destinados a la compra de diversos inmuebles, ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. Los mismos fueron inscriptos a nombre de Guastini, allegados a él, o de empresas creadas al efecto, para obstaculizar medidas cautelares y decomisos a fin de ocultar el origen ilícito de los bienes. Dichas operaciones formaban parte del esquema de lavado de activos ideado por el contador, a través de las cuales adquirieron bienes registrables con ganancias del comercio internacional de drogas, para así dotarlas de apariencia lícita.

Entre los 26 inmuebles ya decomisados, la mayoría son oficinas que funcionaban en departamentos ubicados en edificios del microcentro porteño, pero también hay una propiedad en el barrio de Puerto Madero, una en el partido bonaerense de Zárate, otro en la localidad bonaerense de Banfield y un terreno en un barrio cerrado de la localidad balnearia de Pinamar.

Oportunamente, el tribunal consideró probado el vínculo entre las maniobras ilícitas y la adquisición de los bienes. Ello fue posible gracias al análisis efectuado por el Ministerio Público Fiscal, respecto de los informes expedidos por la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), los Registros de la Propiedad Inmuebles y otros documentos e información contable secuestrada durante los allanamientos efectuados. En particular se consideró un archivo Excel titulado “Propiedades”, que fue hallado en la computadora personal de Guastini, y en contenía un listado detallado de unidades funcionales, ubicaciones, titulares aparentes y sociedades utilizadas para justificar el origen de los fondos para su adquisición.

En su fallo, el TOPE N°1 destacó que las operaciones de compra de los inmuebles eran inconsistentes con la capacidad económica de quienes figuraban como sus los titulares registrales. De hecho, muchas de las personas jurídicas empleadas carecían de actividad comercial real y presentaban declaraciones fiscales sin movimiento o con resultados negativos. Incluso, en algunos casos, quienes figuraban como titulares de los bienes reconocieron que actuaron por pedido de Guastini.

En tal contexto, el decomiso adquiere una relevancia central en materia de recuperación de activos, ya que permite revertir las maniobras de ocultamiento patrimonial desplegadas a través de personas interpuestas y sociedades de fachada, y así recuperar dinero y bienes producto de actividades ilícitas que fueron introducidos en el mercado legal, para dotarlos de apariencia lícita.

Finalmente, el TOPE delegó al Ministerio Público Fiscal y a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) las gestiones necesarias para completar las medidas pendientes y avanzar en la recuperación efectiva de los activos ilícitos.

El detalle de los decomisos

El proceso incluyó el decomiso de importantes sumas de dinero secuestradas durante la investigación. En ese contexto, el 15 de octubre de 2021 se ordenó el decomiso de €169.960, U$S 199.985, €400.125, U$S 1.027 y U$S 689.940, que fueron transferidos a las cuentas bancarias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Asimismo, el 28 de abril de 2023 se dispuso el decomiso de €754.630 y U$S 254.000 retenidos a dos imputados.

Entre los 26 inmuebles ya decomisados, la mayoría son oficinas que funcionaban en departamentos ubicados en edificios del microcentro porteño, pero también hay una propiedad en el barrio de Puerto Madero, una en el partido bonaerense de Zárate, otro en la localidad bonaerense de Banfield y un terreno en un barrio cerrado de la localidad balnearia de Pinamar.