El 10 de septiembre pasado, los fiscales Horacio Azzolín y Carlos Gonella, junto con el coordinador del Área de Lavado de  Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Procelac, Omar Orsi, habían apelado una nueva denegatoria del juez Osvaldo Rappa a tomar declaración indagatoria a clientes y directivos del banco BNP Paribas acusados de lavar más de mil millones de dólares de origen delictivo a través de la entidad financiera.

La sala I de la cámara nacional de apelaciones en lo criminal y correccional concedió el recurso y, en consecuencia, fijó una audiencia para el próximo 9 de octubre. Allí, los fiscales podrán explicar la necesidad de tomarles declaración indagatoria a los acusados de haber lavado millones de dólares para que, de ese modo, pueda avanzar la causa. En la audiencia también participarán los abogados defensores y la querella.

Asimismo, en la decisión de la cámara, el juez Rimondi reconoció que hasta el momento no había existido por parte de Rappa “una reasunción expresa de la investigación, más allá de que desde hace casi dos años el magistrado se encuentre a su cargo (desde que ordenó la producción de la pericia contable el 8 de febrero de 2012)”. De esta manera, reconoció que la denegatoria de convocar a los imputados, en el estado en el que se encuentra la causa, “puede causarle agravio al fiscal”.

Los hechos

El fiscal Sandro Abraldes, que había intervenido en un primer momento en la causa, comprobó la existencia de una organización criminal clandestina, bajo la órbita de la sucursal de Buenos Aires del banco BNP Paribas, cuya actividad -decidida por su máxima jerarquía institucional nacional e internacional, y co-ejecutada por sus dependientes- era “administrar carteras de inversiones con procedencia delictiva, aplicadas en sucursales de plazas extranjeras de la misma entidad financiera –y por un monto total cercano a los mil millones de dólares estadounidenses-, mediante una estructura idónea y procedimientos especialmente diseñados para evadir los controles establecidos en materia de lavado de activos".

Según se pudo reconstruir a partir de la investigación de los fiscales, los clientes que concurrían a la oficina del piso 25 de Leandro N. Alem 855 no lo hacían para concretar sus negocios jurídicos particulares con Philippe Yves Henry Joannier, ni con Christian Marie Francois Giraudon o Alexis Nicolás Quirot de Poligny -algunos de los directivos del banco-, tal como declararon, sino que “buscaban (…) proveerse de los servicios ilegales ofrecidos por la sucursal local de una entidad financiera con estructura y renombre internacional”. De esta manera, los fiscales señalaron que desde la entidad financiera se concretó una asociación para administrar, en el mercado financiero mundial, capitales de procedencia delictiva.