El 29 de agosto pasado, el juez Osvaldo Daniel Rappa dispuso no hacer lugar al llamado a prestar declaración indagatoria de los clientes y directivos del BNP Paribas imputados por lavar dinero de origen delictivo en cuentas del banco, a través de sucursales del exterior. Esa medida fue apelada por los fiscales Sandro Abraldes y Carlos Gonella junto con el Coordinador del Área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Procelac, Omar Gabriel Orsi, ante cámara nacional de apelaciones en lo criminal y correccional.

En el escrito, los magistrados del MPF señalaron que ya el 23 de junio de 2011, el Ministerio Fiscal había solicitado al juez dar el primer paso hacia el debate oral y público del caso mediante la citación a indagatoria de los imputados. En ese entonces, entendían que se encontraba holgadamente reunido “el estado de sospecha que exige la norma procesal, con independencia de la incorporación de prueba posterior propia del agotamiento de la instrucción”. Sin embargo, a más de dos años de iniciado, este proceso penal no cuenta aún con el anuncio de la imputación formulada por el fiscal, ni de las evidencias en contra de los imputados, imprescindible a la hora de continuar con los siguientes pasos.

En este sentido, para los fiscales resultó claro que el transcurso de tan extendido lapso, sumado al ya empleado para reconstruir una maniobra en sí compleja como es la del lavado de dinero, “afecta notoriamente las perspectivas de éxito de la investigación, toda vez que el proceso va sumiendo un período por demás extenso en el que el juzgador lo ha hecho ingresar deliberadamente en un tiempo muerto”. Esto, entre otras cosas, genera que en la causa aún no se haya podido adoptar una resolución que permita someter el conflicto ante el tribunal oral.

Asimismo, Abraldes, Gonella y Orsi indicaron que “el rechazo infundado del juez deviene arbitrario y redunda en una grave limitación al impulso requirente del Ministerio Público Fiscal, por una causa no prevista en la ley, lo que menoscaba el pleno ejercicio de su rol constitucional de órgano independiente, a cargo de la promoción de la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad, los intereses generales de la sociedad y en cuanto titular exclusivo de la acción penal pública”. Y luego agregaron que “menos de 24 horas […] fueron suficientes para que el juez concluyera que ninguna de las consideraciones del Ministerio Público Fiscal ameritaban una mínima respuesta”.

En el marco de la investigación se había comprobado la existencia de una organización criminal clandestina, bajo la órbita de la sucursal de Buenos Aires del banco BNP Paribas, cuya actividad -decidida por su máxima jerarquía institucional nacional e internacional, y co-ejecutada por sus dependientes- era “administrar carteras de inversiones con procedencia delictiva, aplicadas en sucursales de plazas extranjeras de la misma entidad financiera –y por un monto total cercano a los mil millones de dólares estadounidenses-, mediante una estructura idónea y procedimientos especialmente diseñados para evadir los controles establecidos en materia de lavado de activos".