30 de octubre de 2020
30 de octubre de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Fondos de origen delictivo
Lavado de activos: un juez se negó a indagar a clientes y directivos del banco BNP Paribas
El juez de instrucción Osvaldo Daniel Rappa entendió que no correspondía apartarse de la postura que ya había asumido en 2011, cuando rechazó por primera vez el pedido del MPF para que los sospechosos de lavar más de mil millones de dólares sean indagados.

Los fiscales Horacio Azzolin, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción nº 49, y Carlos Gonella, a cargo de la Procuraduría contra el Lavado de Activos (PROCELAC), junto con Omar Orsi, Coordinador del Área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Procelac, habían solicitado nuevamente al juez Osvaldo Rappa que citara a declaración indagatoria a clientes y directivos del BNP Paribas, sospechados por lavar dinero de origen delictivo en cuentas del banco, a través de sucursales del exterior.

Como lo hizo anteriormente ante el pedido del fiscal Abraldes, el juez Rappa volvió a denegar la medida que habría permitido avanzar en la causa en la que se investiga, entre otros, a los principales responsables del banco en el país. Se estima que la suma de dinero que se habría lavado supera los mil millones de dólares, y tendría un origen delictivo.

El fiscal Sandro Abraldes, que había intervenido en un primer momento en la causa, comprobó la existencia de una organización criminal clandestina, bajo la órbita de la sucursal de Buenos Aires del banco BNP Paribas, cuya actividad -decidida por su máxima jerarquía institucional nacional e internacional, y co-ejecutada por sus dependientes- era “administrar carteras de inversiones con procedencia delictiva, aplicadas en sucursales de plazas extranjeras de la misma entidad financiera –y por un monto total cercano a los mil millones de dólares estadounidenses-, mediante una estructura idónea y procedimientos especialmente diseñados para evadir los controles establecidos en materia de lavado de activos".

De acuerdo con el pedido presentado por Azzolin y Gonella, los clientes que concurrían a la oficina del piso 25 de Leandro N. Alem 855 no lo hacían para concretar sus negocios jurídicos particulares con Philippe Yves Henry Joannier, ni con Christian Marie Francois Giraudon o Alexis Nicolás Quirot de Poligny -algunos de los directivos del banco-, tal como declararon, sino que “buscaban (…) proveerse de los servicios ilegales ofrecidos por la sucursal local de una entidad financiera con estructura y renombre internacional”. De esta manera, los fiscales señalaron que desde la entidad financiera se concretó una asociación para administrar, en el mercado financiero mundial, capitales de procedencia delictiva.

Los fiscales recordaron que ya la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional consideró que se había acreditado el ocultamiento de la oficina a los organismos de control. La Cámara entendió así que, tanto sobre el lavado como sobre los delitos precedentes, existían los elementos necesarios para indagar a los imputados. Sin embargo, nada de todo esto parece haber conmovido al juez Rappa.