Narcocriminalidad
Los condenados son dos hombres que manejaban la finca y el empleado de una empresa química que les vendió un precursor químico por fuera del sistema legal. Las penas fueron de cuatro a seis años de prisión.
El fiscal general Adolfo Villatte se reunió con su par, el fiscal coordinador del distrito Alejandro Cantaro, el fiscal Antonio Castaño, con fiscales del fuero ordinario y con funcionarios policiales, de la comuna y de la Universidad.
Son componentes que sirven para fabricar. La investigación logró detectar once hechos a lo largo de cuatro años que involucran operaciones de compra de éter etílico, ácido sulfúrico y ácido clorhídrico. Usaban documentación falsa para sortear los controles de trazabilidad.
Personal técnico de la Procuraduría intervino desde 2013 en la conformación del nuevo listado de sustancias a las que se refieren la ley antidrogas, N° 23.737, y el Código Aduanero. Se incorporaron 82 y se renominaron otras 23.
Inicialmente, está previsto que declaren 49 testigos y que se examine una lista de casi 400 documentos solicitados por las distintas partes. La causa tiene cinco acusados de contrabandear en 2012 más de una tonelada de cocaína a Europa en contenedores cargados con carbón vegetal.
La Sala I del máximo tribunal penal hizo lugar al recurso de la fiscalía y anuló la resolución que había beneficiado al imputado durante la feria judicial. Los jueces consideraron que el estado de salud del abogado estará mejor controlado en el hospital carcelario.
El juez lo procesó con una calificación menor y lo excarceló. La Procunar, que recusó por eso al magistrado, había detectado que detrás de casos que involucraban sólo a choferes estaba el empresario, dueño de una flota de 90 camiones en el vecino país.
El fiscal Wechsler y el titular de la Procunar sostuvieron el recurso presentado por la Fiscalía General de Resistencia. Pidieron que se anule la prisión domiciliaria que le fue otorgada durante la feria judicial, recordaron la peligrosidad del imputado y solicitaron su alojamiento en un hospital ...
El fiscal general Adolfo Villatte consideró que los hechos debieron ventilarse en un juicio oral y público, porque allí prima la publicidad, que "da transparencia a la decisión de los jueces". Subrayó también que era necesario que se pondere "la preeminencia del interés público en juego".