El 3 de mayo, el 5 de agosto, el 4 noviembre y el 2 de diciembre de 2024 constituyeron hitos en la implementación progresiva del proceso acusatorio en el país. En ese orden, los distritos de Rosario, Mendoza, General Roca y Comodoro Rivadavia se sumaron al de Salta, donde ya regía desde 2019. De esta forma, la vigencia plena de este régimen procesal abarca actualmente el territorio de doce provincias.

El cronograma ejecutado durante 2024 fue fijado por el Ministerio de Justicia de la Nación, a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia 188/24, que facultó a esa cartera de gobierno para retomar la agenda de implementación progresiva del Código Procesal Penal Federal (CPPF).

En ese contexto, desde esta Procuración General se viene acompañando esa transición con el diseño y puesta en práctica de un plan institucional orientado a plasmar en la realidad los estándares organizacionales de la Ley 27.148, sin alterar su espíritu, y, en paralelo, hacer frente a las exigencias que surjan producto del despliegue de la política de persecución criminal del organismo en cada jurisdicción del país.

De esta manera, las medidas que se han adoptado durante todo el transcurso del proceso de aplicación del sistema acusatorio, y aquellas que se añadirán en los años venideros, apuntan a garantizar que la progresiva entrada en vigencia del CPPF sea complementada de manera exitosa atendiendo todas las aristas que comprenden este radical cambio de paradigma.

Para hacer frente a los desafíos propios de la transferencia de competencias que implica el CPPF fue necesario redoblar esfuerzos tanto en materia de planificación interna como en el fomento de mecanismos de cooperación interinstitucional, a los fines de garantizar el eficaz funcionamiento del sistema de administración de justicia.

Con una más que destacada labor de los/as fiscales de cada jurisdicción, y con el apoyo constante de la estructura central de la Procuración, fue posible sistematizar el proceso de implementación necesario para que cada distrito se encuentre en las mejores condiciones.

Fiscales federales de once provincias participaron de jornadas sobre modelos de gestión y organización interna de la fiscalía en el sistema adversarial. Foto: Matías Pellón / Fiscales.gob.ar

Así las cosas, se advierten múltiples ejes que dan forma al abordaje integral que ha caracterizado a la implementación del sistema procesal penal acusatorio. Entre ellos se destacan:

Elaboración de diagnósticos sobre el estado de la representación del MPF en cada distrito

En base al contexto y las condiciones de cada jurisdicción en materia de recursos humanos, edilicios, tecnológicos y cargas de trabajo en el ámbito penal y no penal, la Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Acusatorio (UNISA) elaboró pormenorizados diagnósticos sobre la situación de cada uno de los cuatro distritos en los que ya se puso en funcionamiento el nuevo sistema, tanto a partir de entrevistas y visitas, como del análisis de registros de diversas áreas de la Procuración General. La tarea demandó la combinación de técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas.

Con énfasis en la relevancia de la planificación dentro de esta clase de procesos, la confección de informes diagnóstico no se limitó exclusivamente a las circunscripciones fijadas para la entrada en vigencia del CPPF en 2024. Por el contrario, se extendió también a los distritos de Bahía Blanca y Mar del Plata -recientemente fijados por el Ministerio de Justicia como los próximos en los que comenzará a regir en forma plena el CPPF-, junto con Córdoba, Tucumán, Corrientes, Paraná, Posadas y Resistencia.

Requerimientos de recursos humanos y materiales

Al respecto, la información sistemáticamente colectada en esos instrumentos indica la necesidad de ponderar cuestiones institucionales, operativas, tecnológicas, presupuestarias y relativas a los recursos humanos del Ministerio Público Fiscal que deben ser atendidas para asumir las exigencias del nuevo sistema procesal, en aras de lograr una administración de justicia más eficiente y rápida que otorgue respuestas de calidad a la sociedad y persiga los fenómenos criminales de alta transcendencia estadual como eje de la política criminal que por ley esta institución está obligada a trazar.

En tal sentido, desde que se retomó el proceso de implementación del sistema acusatorio (a partir de lo dispuesto por el DNU 188/24), se han enviado al Ministerio de Justicia varias notas exponiendo la situación presupuestaria con la que este Ministerio Público Fiscal tiene que afrontar la transformación que le impone el nuevo código procesal, que implica hacerse cargo de la totalidad de las investigaciones -antes compartidas con el Poder Judicial de la Nación-, bajo un sistema de oralidad plena -que impone la necesaria mayor representación de este órgano-, con plazos más acotados y consecuencias disciplinarias frente a su incumplimiento.

A esas circunstancias se suman las derivadas del nuevo modelo de gestión en forma de unidades temáticas y con sistema de fiscal del caso, que determinan imprescindibles adecuaciones que no eran necesarias bajo la vigencia del sistema anterior.

Además, en las múltiples intervenciones que los representantes de la Procuración General, Juan Manuel Olima y Juan Manuel Casanovas, han tenido en el marco de la Comisión Interinstitucional conformada por esa cartera, se ha repetido esta solicitud. En ese contexto se aportaron soluciones alternativas, como recurrir al traspaso de personal previsto en la ley o a la provisión de locaciones propiedad del Estado, para no incurrir en erogaciones significativas a efectos de preservar el erario público.

No obstante, la determinación sobre el avance del proceso de instauración del nuevo sistema no se modificó y hoy se da implementación simultánea en seis jurisdicciones -conformadas por 12 provincias-, en el marco de un proceso de consolidación que presenta necesidades pendientes en cada una de ellas.

Frente a esas circunstancias, merced a una administración austera a lo largo del mandato interino vigente, se ha dotado de distintos recursos a las jurisdicciones, como se verá a continuación.

El nuevo edificio de la Fiscalía de Distrito de Rosario, donde funcionarán todas las sedes fiscales de esa ciudad. Foto: MPF

Adaptación de las estructuras de representación del MPF al sistema adversarial

Por otra parte, no se debe soslayar que la instauración del sistema acusatorio implica mucho más que una simple modificación procesal y, como tal, exige una verdadera transformación estructural que permita adaptar un andamiaje interno concebido a imagen y semejanza del Poder Judicial por medio de la evolución hacia un esquema dinámico y flexible, de conformidad con las demandas propias del esquema.

Para ello, fue necesario modificar las entonces fiscalías y equipos de trabajo de los distritos de Rosario, Mendoza, General Roca y Comodoro Rivadavia, a partir de la puesta en funcionamiento del nuevo modelo de gestión para el sistema acusatorio, promovido por la Resolución PGN 35/19 y complementado con la auspiciosa experiencia adquirida en la jurisdicción de Salta.

Atento la aplicación de la figura del “fiscal del caso” y de las nuevas tareas que por consiguiente recayeron sobre los distintos magistrados (intervención de un mismo fiscal desde el inicio de cada causa y hasta su finalización), se dispuso la equiparación de la remuneración de los fiscales que actúan en el marco del CPPF mediante el dictado de la Resolución PGN 51/2024.

Monitoreo sobre el funcionamiento del sistema procesal penal acusatorio

Dentro de las etapas que hacen a la planificación propia del proceso de implementación del nuevo modelo, a partir de la Resolución PGN 45/24 se reglamentó un procedimiento destinado a la evaluación y al seguimiento de la aplicación del CPPF en la jurisdicción federal de Salta, contemplándose la posibilidad de su extensión a otros distritos en los que comience a aplicarse el nuevo código.

Este monitoreo, a cargo de la Unidad de Apoyo y Control de la Actuación Funcional -y en el que colaboran la UNISA y la Dirección General de Desempeño Institucional (DGDI)- tiene como objetivo central evaluar el impacto de la instauración y consolidación del sistema acusatorio a nivel distrital, permitiendo una revisión exhaustiva del proceso en su fase inicial.

Tareas de apoyo luego de cada implementación

El sistema de monitoreo, a su vez, es complementado con múltiples tareas de acompañamiento realizadas con posterioridad a la entrada en vigencia del CPPF en cada distrito. Por ejemplo, mediante el seguimiento del desempeño de las cuatro jurisdicciones mencionadas en los distintos viajes de apoyo que realiza la UNISA, junto con integrantes de las diferentes dependencias de la estructura central de la Procuración, como la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), la DGDI, la Dirección de Comunicación Institucional (DCI) y la Dirección General de Desarrollo Organizacional y Nuevas Tecnologías.

En esta etapa, se relevan carencias en cuanto a recursos materiales e infraestructura; se atienden las necesidades de personal; se recopilan y sistematizan los diversos criterios de interpretación de los institutos del CPPF; y se consideran y resuelven múltiples consultas vinculadas con la adecuada aplicación del código y del nuevo modelo de gestión.

Funcionarios y funcionarias realizaron en la Procuración General un taller para la investigación del tráfico de drogas, el crimen organizado y la corrupción en el proceso acusatorio. Foto: Matías Pellón / Fiscales.gob.ar

En esa línea, se reforzó la representación del organismo en los cuatro nuevos distritos a través de la designación provisoria de fiscales de la Procuración General, la asignación de auxiliares fiscales y cargos de agentes y la optimización de la distribución de los recursos humanos e informáticos disponibles.

En materia edilicia, cabe resaltar la gestión realizada a los efectos de la instalación de todas las representaciones del MPF en la ciudad de Rosario en un único inmueble, que funcionará en una sede situada en la calle Mitre 601 de esa ciudad y permitirá el desarrollo de la nueva dinámica de trabajo promovida a la par de la implementación del CPPF. En particular, se destaca la cantidad de obras en materia de adecuación y de seguridad que se llevaron adelante para que los nuevos espacios físicos se encuentren en condiciones. En igual sentido, se han impulsado numerosas búsquedas de inmuebles en distintas jurisdicciones del país para la instalación de oficinas del MPF.

Por otra parte, a raíz de la obtención de las licencias de software UFED Inseyets de Cellebrite -utilizadas para la apertura y extracción de datos de dispositivos electrónicos y otorgadas por el Ministerio de Justicia para los distritos Rosario y Mendoza-, se modificó por Resolución PGN 57/24 el esquema de organización de la DATIP de modo tal de contemplar específicamente la creación de anexos regionales de los laboratorios forenses de Análisis Técnico de Telecomunicaciones. A ellos se añadirá próximamente el correspondiente anexo en la jurisdicción de General Roca, con motivo de la reciente llegada del equipamiento a ese territorio.

Convenios con otras instituciones

El proceso de implementación del nuevo sistema procesal penal debe ser abordado no sólo a partir de una sistemática labor de planificación dentro de la estructura interna del organismo sino también por medio de los distintos mecanismos de cooperación interinstitucional que involucran a los restantes actores del sistema de administración de justicia.

En ese sentido se celebraron los convenios de colaboración -en conjunto con el Ministerio de Justicia de la Nación- con el Ministerio Público Fiscal de Mendoza (Resolución PGN 44/24) y el Ministerio Público Fiscal, el Tribunal Superior de Justicia y el Poder Ejecutivo de la provincia de Neuquén (Resolución PGN 67/24).

A su vez, se destacan otros instrumentos suscriptos con el Ministerio de Justicia de la Nación a los efectos de fomentar acciones de colaboración en el marco de la implementación del CPPF (Resoluciones PGN 21/24 y 61/24).

Capacitaciones para el MPF y las fuerzas de seguridad

A través de la Resolución PGN 14/24, fue aprobado el "Programa de Capacitación para la Implementación del Sistema Acusatorio Federal en el ámbito del MPF", dirigido a magistrados, funcionarios y empleados del MPF, especialmente de las jurisdicciones Rosario, Mendoza, General Roca y Comodoro Rivadavia.

Unos 200 agentes, entre fiscales, funcionarios y empleados participaron de un ciclo de cinco capacitaciones virtuales -cuya duración superó las 12 horas- referidas a los principios rectores del nuevo sistema y a las transformaciones organizacionales y culturales que genera su puesta en funcionamiento.

En tanto, otros 500 agentes de los distritos Rosario, Mendoza, General Roca y Comodoro Rivadavia asistieron de forma presencial -en cada una de las sedes- a las actividades que promueven la adquisición de herramientas de gestión para las nuevas estructuras organizacionales; las tareas investigativas; el manejo de evidencia material y la cadena de custodia; el uso del sistema Coirón como ámbito del legajo fiscal; y la utilización de formularios y actas, entre otros temas.

Las actividades de ese segundo bloque incluyeron la capacitación conjunta -con cuatro encuentros presenciales y uno virtual- de la UNISA y la DATIP dirigidas a integrantes de los distritos Rosario, Mendoza, General Roca y Comodoro Rivadavia acerca del rol de la oficina forense en el marco del sistema acusatorio. A su vez, se profundizó respecto de los diferentes peritajes informáticos, las particularidades del rol del perito en el nuevo sistema procesal y el análisis de evidencia digital.

La titular de la DATIP, Romina Del Buono, expuso en el auditorio de los tribunales federales de Rosario ante fiscales, funcionarios/as, empleados/as de las unidades fiscales y sedes descentralizadas en el marco de las capacitaciones para la implementación del sistema acusatorio en ese distrito. Foto: UNISA

Además, se llevaron a cabo reuniones con las áreas de Atención y Acompañamiento de Víctimas y de Atención Inicial de las unidades fiscales de los distritos Rosario y Mendoza, con  la intervención de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC). En ellas fue posible compartir experiencias de trabajo sobre el funcionamiento de cada una de las áreas, brindar habilidades y conocimientos técnicos y reforzar la articulación con la DOVIC y otras dependencias.

Por otro lado, la UNISA realizó 19 actividades de formación a integrantes de las fuerzas de seguridad federales y provinciales en las sedes donde se implementó el CPPF, teniendo en cuenta la centralidad que adquiere en este régimen procesal la coordinación de esas instituciones con el MPF. También encabezó capacitaciones específicamente dirigidas a personal de la Gendarmería Nacional para que actúen como agentes replicadores dentro de esa fuerza.

En esa línea, la unidad especializada expuso sobre el nuevo régimen procesal en la “Reunión Nacional del Convenio Policial Argentino 2024”, que se realizó en la ciudad de Salta, en el marco del tercer encuentro del Consejo Federal de Seguridad Interior, y capacitó además a aproximadamente 100 efectivos del Servicio Penitenciario Federal.

En conjunto con la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN), el Ministerio de Justicia de la Nación y la UNISA organizaron diez cursos de inmersión para magistrados y auxiliares fiscales de los distritos Rosario, Mendoza, General Roca y Comodoro Rivadavia, quienes -luego de una jornada de capacitación virtual- visitaron las unidades fiscales de Salta o Jujuy y presenciaron algunas de las diversas audiencias que caracterizan el procedimiento penal federal.

En los cursos de inmersión, fiscales y auxiliares fiscales presenciaron audiencias de formalización de la investigación, de impugnación y de control de acusación en la sede del Poder Judicial de la Nación en Salta. Foto: UNISA

Además, se organizaron "Simulacros de Litigación y Gestión de Casos" en cada uno de los cuatro distritos que incorporaron plenamente el CPPF. Las actividades fueron realizadas junto al Ministerio de Justicia de la Nación y contaron con la presencia de jueces, fiscales y defensores. Los fiscales llegaron a esta instancia luego de participar, en cada uno de sus distritos, en talleres sobre herramientas de litigación en el sistema adversarial.

Se destacan, a su vez, las “Jornadas sobre modelos de gestión y organización interna de la fiscalía en el sistema adversarial”, celebradas en la sede de esta Procuración General de la Nación, y que contaron también entre los disertantes a destacados especialistas internacionales, como Fabricio Guariglia y Francisco Xabier Agirre Aranburu, junto con miembros del MPF y del Ministerio de Justicia. Las jornadas estuvieron dirigidas a magistrados de los distritos Salta, Rosario, Mendoza, Comodoro Rivadavia y General Roca, quienes participaron en forma presencial o virtual.

En esa línea, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Procuraduría de Narcocriminalidad y la UNISA organizaron capacitaciones sobre técnicas especiales de investigación y delincuencia organizada destinadas a incrementar la eficiencia de las investigaciones de casos complejos vinculados con narcocriminalidad.

Las actividades de capacitación desarrolladas por el MPF también se llevaron a cabo en cada distrito. Por caso, la Fiscalía de Distrito Rosario capacitó a miembros de fuerzas de seguridad provinciales y federales dedicados a operativos de control y prevención general y en la investigación de delitos económicos, en donde participaron el fiscal general con funciones de coordinación de distrito, Fernando Arrigo, y el fiscal Juan Agustín Argibay Molina, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). La Unidad Fiscal Salta, por su parte, dictó clases semanales en dos turnos para 360 cadetes de la policía provincial sobre principios básicos del nuevo sistema.

Más de 60 integrantes de la Policía de Santa Fe y de las cuatro fuerzas de seguridad federales asistieron a una capacitación en Rosario. Foto: Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe

Desarrollo y profundización de recursos técnicos de apoyo al modelo de gestión

En otro orden, se desarrollaron manuales operativos y de gestión para readecuar las estructuras existentes a los nuevos esquemas de trabajo. En tal sentido, es necesaria la permanente actualización del Manual de Actuaciones de Coirón para la Gestión del Legajo Digital; se establecieron pautas para la gestión del trabajo en el Área de Atención Inicial de las sedes fiscales de distrito (Resolución PGN 48/24); se modificó la Guía de buenas prácticas para el registro y preservación de elementos probatorios; se desarrolló la propuesta de un modelo de informe de gestión para el seguimiento semestral de los distritos Rosario, Mendoza, General Roca y Comodoro Rivadavia; se trabajó en la elaboración de un manual sobre registro y gestión  de las actividades vinculadas a la investigación patrimonial de personas y al recupero de activos vinculados a la comisión de delitos o producto de ellos; y se diseñaron videos informativos sobre las competencias de las áreas que componen las oficinas fiscales, y sobre las habilidades y la formación esperada de los agentes que se desempeñan en ellas.

Elaboración de herramientas metodológicas para la obtención de información

Se llevaron a cabo nuevos desarrollos destinados a mejorar la actividad de los usuarios en el sistema de gestión Coirón y a la obtención de datos de mayor calidad. La DGDI se desplazó a cada una de las sedes para reforzar el uso de ese sistema como única herramienta de registro y la UNISA diseñó la encuesta “Rumbo al acusatorio”, dirigida a todos/as los/as empleados/as y funcionarios/as de los distritos próximos a implementar el sistema, con el objetivo de relevar los perfiles y expectativas del personal y tener en cuenta esos resultados a la hora de reorganizar las distintas unidades fiscales y sedes descentralizadas.

Balance final

El arduo camino de implementación del sistema acusatorio se encontró atravesado por numerosos desafíos para alcanzar los estándares organizacionales que permitan la configuración de un Ministerio Público Fiscal autónomo y preparado para desempeñar la misión procesal que el CPPF le confiere.

A partir de una posición verdaderamente proactiva de la Institución y de un compromiso sostenido por parte de cada uno de sus representantes, se impulsaron las diferentes medidas reseñadas anteriormente y que dan cuenta de un abordaje integral de las múltiples problemáticas que han surgido en este proceso. Resultan, además, el fruto de una minuciosa tarea de planificación institucional orientada a alcanzar las adecuaciones necesarias para que el MPF pueda atender satisfactoriamente las nuevas funciones.

Ahora bien, a pesar del indiscutido compromiso con la reforma procesal que subyace detrás de cada decisión adoptada no se debe eludir el contexto institucional en el que se está llevando adelante esta transición.

En ese sentido, las necesidades del MPF deben ser superadas con un fortalecimiento integral en materia de recursos humanos, edilicios y tecnológicos que garantice que la implementación del sistema acusatorio se desarrolle en un contexto en el que su principal actor procesal disponga de los medios que este nuevo ordenamiento le demanda. De ese modo, será posible alcanzar los objetivos que persigue la reforma y, en consecuencia, establecer un sistema de administración de justicia más eficiente para toda la sociedad.