Violencia institucional | Noticias
A sugerencia de la PROCUVIN la fiscalía encomendó a la Policía Federal un trabajo integral que cruzará toda la prueba. Se ordenó un peritaje caligráfico y se solicitaron informes sobre personal policial. La jueza rechazó la recusación del fiscal.
El estudio de la Procuraduría especializada cruza los datos proporcionados por el Servicio Penitenciario Federal. Se redujo en un 19,5 por ciento la población de personas detenidas sin condena y en un 16 por ciento la población general. En el contexto de la pandemia, logró revertirse la sobrepoblación ...
Se recibieron declaraciones testimoniales e informes de organismos públicos. Las fuerzas de seguridad, asistidas por canes y con un dron, llevaron a cabo rastrillajes en vastos sectores. El fiscal rechazó la recusación promovida por la querella particular.
Los procedimientos fueron en la Subestación Policía Comunal de Mayor Buratovich y el puesto de vigilancia de Teniente Origone. También se fijaron nuevas fechas para recibir declaraciones testimoniales, entre otras medidas solicitadas por la fiscalía federal.
Durante los últimos días la fiscalía, junto a la PROCUVIN, tomó declaraciones y ofreció protección a los testigos. Entre otras medidas, analizarán muestras obtenidas en dos vehículos y estudiarán el contenido de teléfonos del Libro de Guardia secuestrado en la Comisaría de Mayor Buratovich.
Durante los últimos días, el Ministerio Público Fiscal contestó la vista conferida a raíz de la incompetencia declarada en sede provincial y ordenó nuevas medidas de prueba en la causa iniciada con la denuncia formulada por la madre del joven.
Entre las diligencias dispuestas se cuentan un peritaje sobre la camioneta Hilux, el secuestro de un teléfono utilizado por agentes policiales y la profundización de tareas de campo por parte de las fuerzas federales.
La pesquisa está a cargo del Ministerio Público Fiscal. El fiscal solicitó la colaboración de PROCUVIN, UFECI, DOVIC, de otros organismos y le encomendó tareas a las fuerzas federales de seguridad, entre diversas medidas. La denuncia en el fuero federal se presentó el 29 de junio.
Del total de intervenciones, 110 correspondieron a personas alojadas en dependencias del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
El tribunal revisor revocó la resolución del Juzgado Federal N°2 tucumano, que había declinado la competencia en la justicia local para intervenir en la acción interpuesta por una mujer que denunció haber sido detenida ilegítimamente en abril por violar el aislamiento y teme que vuelva a ocurrir.
La procuraduría especializada actualizó la recopilación con las diversas publicaciones realizadas entre el 18 de abril y el 31 de mayo por organismos nacionales e internacionales, respecto de las personas privadas de la libertad en el contexto de la pandemia.
