En el marco de un plenario desarrollado el pasado 2 de noviembre, el Comité para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, la Financiación al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aprobó -por unanimidad-, la versión pública de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de Lavado de Activos (ENR-LA) y de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ENR-FT/FP 2022), en cumplimiento del primer objetivo general establecido en la Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP y la Recomendación N°1 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El Comité fue creado por Decreto N°331/2019, bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. En ese contexto, los integrantes del Comité se reunieron en pleno para sancionar la aprobación de las Evaluaciones. A tal fin, estuvieron presentes representantes de los organismos que lo integran. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal general y cotitular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco.

La PROCELAC cuenta en esta instancia con la asistencia de la Secretaría de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación. La oficina especializada fue designada en representación del MPF a partir de la decisión del procurador general de la Nación, en base a la invitación cursada por el Comité.

El MPF intervino en las mesas de trabajo que llevaron a la formulación y posterior aprobación de las versiones reservadas y públicas de estas evaluaciones. En ese contexto, se efectuaron -entre otras tareas- relevamientos y análisis de información, para lo cual se contó con el aporte de diversas áreas de la Procuración General y de fiscalías, lo cual permitió brindar al Comité datos estadísticos concretos y detallados respecto a la existencia de investigaciones y procesos penales seguidos por el delito de lavado de activos, y por aquellos delitos que, por sus características, son considerados como amenazas criminales “con incidencia para el lavado de activos” en nuestro país.

Del plenario también participaron las y los representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; de la Coordinación Nacional para el Combate de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo; de la Unidad de Información Financiera (UIF); de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN); y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). También fueron parte las y los delegados del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); del Ministerio de Seguridad de la Nación; del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; de la Comisión Nacional de Valores (CNV); del Banco Central de la República Argentina (BCRA); del Poder Judicial de la Nación; y de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

¿Qué son las Evaluaciones Nacionales de Riesgo (ENR)?

Estos documentos constituyen un marco certero de información, que sirve al Estado argentino como diagnóstico de los riesgos existentes en relación con el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, en el marco de la Recomendación N°1 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a los fines de lograr la correcta identificación, evaluación y comprensión de esos fenómenos.

De acuerdo con la normativa y estándares internacionales vigentes en la materia, las ENR sirven como base para el diseño de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, la cual fue aprobada el 29 de septiembre del corriente año y representa el Plan de Acción previsto para el período 2022-2024.

Si bien las versiones completas de estos documentos tienen carácter reservado, la aprobación de las versiones públicas habilita la posibilidad de efectuar una amplia difusión dentro del sector público y privado de las evaluaciones y de los estándares aplicables en la materia, como parte del fortalecimiento del trabajo cooperativo de los actores del Sistema ALA/CFT/CFP en la lucha contra el lavado de activos, así como el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Ello es consecuencia de un estricto cumplimiento del primer Objetivo General de la Estrategia Nacional ALA/CFT/CF, que prevé la necesidad de asegurar una formación actualizada por parte de los actores públicos y privados sobre los fenómenos, criterios y parámetros de actuación relacionados al LA, FT y FP.

En este contexto, está previsto que, durante 2023 se realicen diferentes reuniones con los y las fiscales de las distintas jurisdicciones del país para difundir el contenido de las ENR ALA/CFT/CF y la Estrategia Nacional ALA/CFT/CF y para explicar también los detalles del proceso de Evaluación Mutua -por parte del GAFI- en el que participará el Ministerio Público Fiscal.