Criminalidad económica
En una jornada con interrupciones debido a distintos cortes de luz, la fiscalía comenzó con el primer tramo de la exposición de su alegato, centrado en el modus operandi de la organización. Su exposición seguirá mañana y el viernes durante la tarde.
La procuraduría especializada en delitos económicos deriva regularmente a la Dirección General de Acceso a la Justicia los reclamos por abusos financieros en operaciones de préstamos otorgados y gestión indebida de cobranzas.
Están acusados de haber utilizado distintas empresas que prestaban el servicio de caja de seguridad y de ofrecer a sus clientes el depósito de dinero a plazo mediante pago de intereses, para luego utilizar esos fondos para préstamos y créditos sin autorización del Banco Central.
Julio César Paiduj y su hija están señalados como autor y partícipe necesaria, respectivamente, de la compra de tres automóviles con dinero proveniente de la comercialización de estupefacientes y de darles apariencia de origen lícito.
Tres hombres, señalados como jefes de la organización, también están acusados por la evasión tributaria agravada de IVA por más de dos millones de pesos en el periodo fiscal 2013. Los embargos judiciales dispuestos alcanzan los tres y cinco millones de pesos, según los grados de responsabilidades ...
Está acusado de integrar una organización que facilitaba la evasión mediante facturas apócrifas en Entre Ríos, y también de dedicarse al cambio de cheques, divisas y préstamos de dinero en efectivo a través de una financiera de su propiedad sin autorización del Banco Central.
La líder comunal de la localidad de Enrique Urién está acusada de haber desviado fondos de un plan de viviendas destinados a familias de pueblos originarios. Luego de que el MPF requiriera la elevación a juicio, el Juzgado Federal de Roque Sáenz Peña declaró su incompetencia parcial, al considerar que ...
La fiscalía federal de San Luis solicitó que 25 personas sean enviadas a juicio, al considerar acreditada la existencia de una estructura ilegal conformada por 65 usinas de “facturas truchas”, que operó en ocho provincias y con 2700 contribuyentes para evadir impuestos.
El resto de las penas fueron de entre dos años y medio y nueve años de prisión, todas por el mismo delito, junto a multas y decomisos millonarios. El juicio oral tuvo como objeto el lavado de un capital estipulado en 50 millones de dólares, instrumentado por firmas vinculadas a los ahora condenados, ...