Fiscalías
Desde su implementación, el sistema acusatorio superó diversos inconvenientes previstos e imprevistos, como la actual pandemia de COVID-19: el número de audiencias, tanto de formalización como de juicio, nunca disminuyó.
Así se expresó el fiscal Javier De Luca, al desistir de un recurso contra la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que confirmó el sobreseimiento del piloto y el copiloto de una aeronave que realizaron un vuelo con una ruta distinta a la declarada.
Las representantes del MPF, a cargo de la Fiscalía General Nº30 y la UFEM, consideraron que el voto de los jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi “desconoce la letra del Código Penal”. Sostuvieron, además, que se trata de una situación de gravedad institucional.
Así se expresó al hacer lugar al recurso de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. De tal forma, revocó la resolución que había confirmado la nulidad parcial de la indagatoria a un hombre en relación a los delitos sexuales denunciados por las mujeres captadas.
La Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó el viernes la condena a prisión perpetua del coautor del homicidio, pero descartó una de las agravantes considerados por el tribunal que realizó el juicio.
Está acusado de forzar a la madre de una de las víctimas de ese delito, por el que fue condenado, a firmar documentos comerciales para cesar la explotación sexual. En la causa colaboró la PROTEX.
Así lo dispuso el responsable del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°44. Las piezas estaban en poder de dos hombres que no pudieron acreditar su propiedad, al tiempo que -por la deficiente investigación desarrollada- tampoco pudo identificarse a las víctimas.
El MPF tuvo por acreditado que los acusados recaudaron indebidamente reintegros impositivos por materiales utilizados durante la construcción de la represa hidroeléctrica.
Lo resolvió el TOF de Neuquén, tras un juicio abreviado. El MPF reparó en que la situación de vulnerabilidad extrema y violencia por la que atravesaba la imputada -denunciada y acreditada en el proceso-, impedían afirmar que su voluntad fuera libre para tomar una determinación reprochable penalmente.
El Ministerio Público Fiscal, representado por María Luz Castany, consideró que no existían elementos para sostener la acusación. La fiscal hizo hincapié en la vulnerabilidad estructural y la violencia institucional que sufren las personas del colectivo trans.