Fiscalías
La Cámara Federal de Rosario coincidió con el MPF en cuanto a la capacidad e intención evidenciada por el acusado para entorpecer la investigación.
En las causas se juzga la responsabilidad de empresarios por los delitos de lavado de activos y administración fraudulenta, respectivamente.
La causa comprende a tres organizaciones enfrentadas entre sí. Durante la investigación se realizaron 20 allanamientos, uno de ellos en la Unidad Penitenciaria Nº6 de Rosario y otro en dependencias policiales de Venado Tuerto.
Durante los últimos días, el Ministerio Público Fiscal contestó la vista conferida a raíz de la incompetencia declarada en sede provincial y ordenó nuevas medidas de prueba en la causa iniciada con la denuncia formulada por la madre del joven.
Así lo dispuso el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°45, al homologar el acuerdo. El hombre estaba acusado por el delito de defraudación por retención indebida, al haberse apropiado de una consola de videojuegos que la víctima le había dejado para reparar.
Fue virtud del impulso de la acción efectuada por el Ministerio Público Fiscal, en los términos del artículo 52 de la Ley de Defensa del Consumidor. Intervino el fiscal Miguel Ángel Gilligan, con colaboración del Programa para la Protección de los Usuarios y Consumidores a cargo de Gabriela Boquin.
Así se expidió el fiscal federal Miguel Ángel Gilligan, en el marco de una acción de amparo y medida cautelar postulada por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal ante la falta de respuesta sobre el protocolo presentado para que quienes integran la matrícula porteña puedan circular y ...
Se determinó que el acusado -condenado a cuatro años de prisión por trata de personas con fines de explotación sexual en 2018- obligó a la madre de una de las víctimas de ese delito a firmar, mediante violencia intimidatoria, documentos comerciales que luego utilizó para perjudicarla.