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Se consideró acreditado que los hechos se cometieron mediando violencia, amenaza y aprovechando la situación de vulnerabilidad. La víctima fue captada en Yuto y trasladada hasta San Salvador de Jujuy, donde estuvo privada de su libertad en una obra en construcción y sometida a abusos.
La Cámara Federal confirmó una resolución de primera instancia que rechazó el pedido en ese sentido. El MPF solicitó en octubre su elevación a juicio como organizador de una banda que comercializó estupefacientes entre 2012 y 2018 y lavado de dinero.
Los acusados habían sido condenados a diez años de prisión, pero Casación hizo lugar a los planteos de las defensas y los absolvió. Se les imputaba haber captado a una menor de edad aprovechándose de su situación de vulnerabilidad.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de esa jurisdicción estableció penas de entre cuatro y siete años y seis meses de prisión a siete personas que se apropiaron de un cargamento de veinte kilos de cocaína e intentaron comercializarlo en la localidad de Tartagal.
