28 de marzo de 2024
28 de marzo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Nueva jornada de debate sobre el avance de los juicios por el terrorismo de Estado
Abogados y fiscales coincidieron en que el juzgamiento de los civiles es un "problema político"
La exigencia de estándares probatorios difíciles de cumplir y la ignorancia del contexto en que se desarrolló el plan criminal aparecen en las últimas sentencias que favorecieron a empresarios y ex funcionarios judiciales. Alrededor de 200 participantes debaten viernes y sábado en el Centro Cultural Haroldo Conti.

Alrredor de 200 participantes, entre abogados y abogadas querellantes, fiscales y miembros del Ministerio Público Fiscal se reunieron hoy en el marco de la primera de las dos jornadas nacionales en las que debatirán sobre las estrategias para agilizar los juicios por crímenes del terrorismo de Estado y avanzar en el enjuiciamiento de los sectores civiles, empresariales y judiciales. Una reforma legal y una nueva resolución de la Cámara Federal de Casación Penal para mejorar la acordada 1/12, conocida como las "Reglas Prácticas de Casación" que hace tres años ordenan y agilizan diferentes aspectos de los procesos, se encuentran entre las propuestas que serán abordadas en la discusión para la confección de un documento. Los asistentes coincidieron en que hay un "problema político" en relación con el juzgamiento de civiles, que se evidencia en las diferentes sentencias. Y, por ese motivo, se promovió desde los abogados y abogadas organizadores una "respuesta política" mediante un pronunciamiento que se conocería al final del encuentro.

Las jornadas se extendieron hasta la noche en el Centro Cultural Haroldo Conti, situado en el predio de la ex ESMA, y mañana cerrarán a las 13.00. Estuvieron en el foco de las discusiones la exigencia de nuevos estándares probatorios y la minimización del contexto en que se desarrolló la persecución a los trabajadores organizados que, como dos factores relacionados, aparecen en las resoluciones recientes en las causas por los crímenes en el Ingenio Ledesma de Jujuy; la actuación del director de La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Vicente Massot; la apropiación de la papelera Papel Prensa, la responsabilidad del secretario judicial Hugo Sierra, y la del secretario de redacción de Para Ti, Agustín Juan Bottinelli, en el armado de una edición propagandística de la dictadura para la que fue coaccionada una mujer secuestrada en la ESMA. También, fue mencionado el caso del juez penal marplatense en funciones Pedro Hooft, de quien se reclama su declaración indagatoria desde hace años, que no puede llevarse adelante por los fueros de su cargo, en el que fue ratificado el año pasado durante un jury de enjuiciamiento.

Un panel integrado por los fiscales ad hoc Pablo Pelazzo y Juan Manuel Sivila, y el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) de la Nación Ciro Annicchiarico abordó los hechos y los problemas registrados en la tramitación de las causas por la represión a los trabajadores del Ingenio Ledesma, de Jujuy; la transportista La Veloz del Norte, de Salta; y la automotriz Ford, respectivamente. Otro panel abordó la responsabilidad judicial: el abogado de HIJOS Santa Fe, Guillermo Munné, detalló la causa seguida al ex juez Víctor Hermes Brusa; Fernando Peñaloza, de la SDH de la Nación en Mendoza, se refirió a la situación de los jueces Otilio Romano y Luis Miret; y el fiscal federal de Tucumán, Pablo Camuña, expuso sobre el debate en curso seguido al ex juez federal Manlio Martínez.

Entre las dos mesas, el juez de la Suprema Corte de Mendoza y ex fiscal general de esa jurisdicción, Omar Palermo, brindó una conferencia -de tinte teórico- sobre los modos de imputación para casos de responsabilidad civil y empresarial.

"La más pronta condena"

En el comienzo de las jornadas, el abogado Pablo Llonto explicó que la convocatoria se realizó porque se entendió que "era necesario juntarnos por lo menos una vez al año para intentar resolver problemas comunes y avanzar en la más pronta condena a los genocidas". El organizador hizo "un reconocimiento a quienes nos precedieron" porque -dijo- "no estaríamos aquí si antes no hubiera habido decenas y decenas de compañeros abogados y abogadas. Toda esta historia no se hubiera construido sin ellos".

La directora Nacional de Asuntos Jurídicos de la SDH de la Nación, Ana Oberlín, destacó la asistencia de "compañeros que trabajan en las fiscalías y a los fiscales, porque asumen la importancia que tiene este proceso en la Argentina". Dieciocho fiscales de diferentes puntos del país, quienes acudieron acompañados por personal de las fiscalías, y miembros de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), sumaron unos cuarenta asistentes del Ministerio Público Fiscal para estas jornadas, que cuentan con el auspicio de la Procuración General de la Nación.

El fiscal general a cargo de la PCCH, Jorge Auat, intervino en el panel de apertura y trazó el contexto sobre el que se iba a debatir: "Las víctimas de la dictadura no son víctimas cualquiera. Fueron sacrificadas con el propósito de instalar un nuevo contrato social, de banalizar sus muertes, insignificarlas, como si fueran el costo económico del proceso. Un imputado me dijo: 'Usted está sentado ahí gracias a mí. Hemos matado gente para construir una nueva sociedad, en la que está usted'".

Auat señaló que el contexto actual está signado por la pregunta sobre "¿cuál es el límite?". "¿Cortar aquí porque no se puede avanzar con el poder real? Contra los civiles nos están poniendo cepos. Cuando uno lee los fallos, se da cuenta que hay una cuestión política, no jurisdiccional. En Papel Prensa nos cansamos de trabajar y presentamos al fiscal un proyecto. El juez [Julián] Ercolini dijo que faltaba una prueba, un peritaje sobre el valor de la empresa que no tienen nada que ver con la imputación. Está regando fuera de la maceta, porque pone delante la falta de una prueba que no tiene que ver con la imputación", ejemplificó, para más tarde señalar que "se utiliza la dogmática como ropaje jurídico" pero en realidad "se exigen estándares probatorios imposibles" en las causas seguidas a civiles.

Al respecto, la representante legal de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) de la Nación en Bahía Blanca, Mónica Fernández Avello, intervino para marcar que en esa ciudad "el techo fueron los civiles. Hay cuatro con sobreseimiento y falta de mérito. Nosotros tenemos la prueba documental y testimonial que necesitábamos. No tuvimos los jueces, que estaban recusados y así y todo resolvieron. Tenemos un problema con los jueces ad hoc, que fueron en contra de todas las normas legales".

El fiscal de Rosario Gonzalo Stara habló sobre el trabajo que está realizando la Unidad Fiscal de esa ciudad en la investigación de la represión en Acindar, donde "hubo un centro clandestino en la propia empresa". Explicó que el juez tiene un criterio de imputación "reducido" que no permite avanzar "de manera más amplia".

Luego, Llonto recordó, por ejemplo, que la Cámara Federal porteña reclamó "increíblemente" la grabación de la entrevista a la sobreviviente Thelma Jara de Cabezas publicada en 1979 por la revista Para Ti, mientras Pelazzo se refirió a la falta de mérito dictada por Casación en favor de Pedro Blaquier y Alberto Lemos porque para ese tribunal no está acreditado que supieran que las camionetas de la empresa que les habían prestado a los represores iban a ser utilizadas para los secuestros de los trabajadores.

En ese sentido, Llonto señaló que como querellante en esa causa el "apuro es por Thelma, que es grande, por su edad, no la del imputado Bottinelli. Ella hizo la denuncia en 1984 y desde entonces espera justicia. Nuestra discusión pasa por si recurrimos o si consentimos la resolución y buscamos más prueba, porque seguir la cadena de recursos demora mucho tiempo".

Por su parte, el abogado santiagueño Luis Santucho tomó la palabra para asegurar que la causa Papel Prensa es el centro de la discusión sobre la responsabilidad civil: "Antes hablábamos del partido militar y ahora estamos frente a un partido mediático, que lleva como furgón de cola al partido judicial".

El fiscal ad hoc de La Plata Juan Martín Nogueira enfocó en otro punto de vista. Al referirse a los jueces, opinó que "si las personas que tienen que valorar esto no tienen arraigados los valores, no vamos a llegar a ningún lado. Lo importante es el control de los organismos de DDHH en la selección de magistrados titulares y subrogantes. Veo carencia y falta de control en serio".

La difusión de nuevos acervos para la localización de material probatorio en este tipo de causas también estuvo entre las preocupaciones. Elizabeth Gómez Alcorta, del Programa Verdad y Justicia, recomendó indagar en los archivos del Ministerio de Trabajo de la Nación y en sus delegaciones de diferentes lugares del país, mientras que la coordinadora de la PCCH, Carolina Varsky, explicó el trabajo realizado por la Oficina de Información y Análisis Financiero (OFINEC) de la Procuración General de la Nación en las causas Loma Negra y Molinos Río de La Plata, y la elaboración de un protocolo de actuación para fiscales sobre la prueba que debe ser requerida en estos casos.

En este contexto, la abogada de la SDH bonaerense Paula Mañueco advirtió sobre la estrategia de las defensas de los empresarios o personal jerárquico de las empresas para desvincularse de su rol proactivo en la represión con el argumento de que la información que los represores utilizaban de las empresas la obtenían mediante tareas de inteligencia y no porque se la hubiera proporcionado la propia firma.

Este sábado, desde las 9:30, la jornada comenzará con la discusión sobre "intervenciones y estrategias posibles para acelerar los juicios" y "propuestas para modificar, profundizar la acordada 1/12 de la Cámara Federal de Casación Penal". También, habrá un espacio para tratar el preocupante tema de la integración de los tribunales en diferentes puntos del país. La actividad finalizará con la exposición del jurista Julio Maier sobre "pautas para el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad".