Lesa humanidad
El juicio estará a cargo del TOCF N°1 de La Plata, dado que la jurisdicción de los tribunales federales platenses llega hasta esa ciudad distante a más de 300 kilómetros de la capital bonaerense. Se juzgarán crímenes en un circuito represivo local. Intervienen los fiscales Schapiro y Nogueira.
Alberto Daniel Rey Pardellas fue apresado en La Reja y trasladado a Bahía Blanca para ser indagado por crímenes del terrorismo de Estado en esa ciudad. Actuó en el Batallón de Comunicaciones 181 y está imputado por su presunta participación en secuestros, tormentos, un homicidio y lesiones gravísimas.
El Tribunal Oral Federal de esa ciudad lleva adelante el proceso en el que se investiga al militar retirado Ángel Pezzetta. También está acusado de los delitos de secuestro y tortura cometidos en perjuicio de los dos religiosos. Por estos hechos ya había sido juzgado y condenado, entre otros, Luciano ...
Dos ex prefectos y un médico de la Policía de la Provincia de Buenos Aires son investigados por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos en perjuicio de una víctima.
El Tribunal amplió la acusación a pedido del fiscal federal Walter Romero para tres de los cuatro acusados en el juicio por delitos de lesa humanidad que se está desarrollando en Olavarría.
Los militares habían sido beneficiados por la Cámara Federal de Casación Penal. Los fiscales Peralta Palma, Camuña y Rovira consideraron que “es una obligación del Tribunal no poner en peligro cierto la posibilidad de punición" de delitos de lesa humanidad.
El fiscal federal Federico Delgado sostuvo que fueron cometidos en el marco del terrorismo de Estado, que deben considerarse de lesa humanidad y con carácter autónomo a los tormentos. Por otro lado, enfatizó el componente de género que los signó y la importancia de visibilizarlos para desarmar ...
El Tribunal Oral Federal 1 de Rosario lo dispuso luego de que la Cámara Nacional de Casación Penal confirmara la sentencia y declarara inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por las defensas de los represores, condenados el año pasado a ocho años y seis meses de prisión.
Martín Niklison, Viviana Sanchez y Nuria Piñol pidieron penas de entre 13 y 45 años para los acusados. Además, se investiga el delito de privación ilegal de la libertad de cuatro personas