El titular de la Fiscalía Federal N°1 y coordinador del Distrito Córdoba, Enrique Senestrari, solicitó el procesamiento de 37 imputados –seis de ellos con prisión preventiva- en la causa denominada “CBI Cordubensis”, al considerarlos responsables de haber integrado una asociación ilícita que tenía por objeto la comisión de distintos delitos contra el orden económico y financiero, entre los que se cuentan intermediación financiera no autorizada, evasión impositiva, infracciones a la Ley de Régimen Penal Cambiario, lavado de activos y estafas. En octubre pasado, la justicia federal había trabado un embargo de 1.694 millones de pesos sobre los imputados, monto que brinda una dimensión de las maniobras desplegadas.

Las conexiones de Eduardo Daniel Rodrigo y Enrique Suau –principales directivos de la firma y presuntos organizadores de la asociación ilícita- con distintos actores del ambiente industrial, comercial y político local permitieron convertir a CBI Cordubensis “en una de las mesas de dinero más grandes de la provincia de Córdoba”, según indicó el representante del Ministerio Público Fiscal.  Tres de los imputados, Eduardo Rodrigo, Diego Sarrafian y Miguel Vera, se encuentran actualmente detenidos.

Entre las actividades de CBI, sobresale la intermediación financiera sin autorización del BCRA.

En septiembre de 2015, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba había desplazado de la causa al juez Ricardo Bustos Fierro. Para las camaristas Liliana Navarro y Graciela Montesi y su par Eduardo Ávalos "resulta evidente que el juez de primera instancia, al abordar la excepción de falta de acción por inexistencia de delito (ya sea por su atipicidad o por ausencia del hecho en que se funda), ha procedido a dar un tratamiento prematuro y parcial a la valoración de presupuestos objetivos y subjetivos”. En el fallo, el tribunal de alzada había anulado una resolución del magistrado que había decretado la falta de acción a favor de los acusados Euclides Bartolomé Bugliotti y Javier Fernando Guevara.

Los 1.694 millones de pesos embargados a los imputados dan una dimensión de las maniobras desplegadas.

Las maniobras

En su presentación de más 270 páginas, Senestrari detalló el abanico de actividades delictivas desplegadas por la asociación ilícita a partir de la estructura brindada por la firma CBI Cordubensis, que contaba con dos locales comerciales de acceso público y claramente reconocidos en la ciudad de Córdoba, uno de ellos en un shopping y el restante ubicado en la zona bancaria.

Entre esas actividades, sobresale la intermediación financiera sin autorización de la autoridad competente, es decir, del Banco Central de la República Argentina, principalmente el descuento de cheques con fondos propios y de terceros y depósito posterior de los mismos en cuenta bancaria propia o de otros terceros. Esa operatoria permitió que entre 2009 y 2013 circularan a través de CBI cheques por más de mil millones de pesos, los cuales fueron monetizados a través de distintas cuentas, todas ellas con una particularidad en común: por distintas razones se encontraban exentas del impuesto a los créditos y débitos. Por ejemplo, una de esas cuentas estaba destinada al depósito de la recaudación producto de la venta al por mayor de diarios y revistas, actividad exenta del impuesto a los ingresos y a los débitos y créditos bancarios.

Ventajas comparativas

En 2012, socios de Cordubensis participaron de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) para prestar servicio a Siemens IT, firma que había sido contratada por la Municipalidad de Córdoba para la distribución y recaudación del sistema de cobro de viajes por medio de tarjetas electrónicas. De acuerdo a la investigación, parte del efectivo proveniente de la recaudación por la venta, carga y recarga de tarjetas fue utilizado por la organización para realizar operaciones de descuento de cheques –obteniendo un beneficio económico extra- y posteriormente dichos valores fueron depositados en una cuenta bancaria denominada “puente-tránsito-recaudadora”. De este modo, en una cuenta donde debía depositarse el dinero en efectivo recaudado a los vecinos de la ciudad de Córdoba al abonar el transporte público de pasajeros, se depositaron cheques adquiridos como producto de maniobras financieras.

Así las cosas, “la operatoria de CBI Cordubensis adquirió otra entidad, pues seguramente logró una ventaja comparativa con el resto de financieras clandestinas, ello al disponer de una cuenta para poder monetizar cheques, lo que bajaba sus costos e incrementaba la rentabilidad de su operatoria ilícita”, consignó Senestrari.

En la causa, se investigan además estafas contra 68 particulares a través de la celebración de contratos de asistencia financiera (mutuos), que en realidad eran depósitos a plazo a cambio de un interés de entre 24 y 32% para las operaciones en pesos y de 12 por ciento para operaciones en dólares. Una vez producido el vencimiento, CBI se negó a restituirles el total del importe generado por el contrato o, en su defecto, entregó cheques imposibles de cobrar.  Los damnificados habían entregado sus ahorros sin garantía alguna, a diferencia de aquellos empresarios y comerciantes de mayor renombre e importancia patrimonial, quienes negociaban una tasa mayor y recibían avales en garantía.

De hecho, el pedido de procesamiento incluye a la escribana Doris Puccetti, quien habría certificado la firma del directivo Eduardo Rodrigo en por lo menos 420 contratos de asistencia financiera, ello con la finalidad de darles fecha cierta a los mismos y a modo de garantía para los otorgantes.  “No puede omitirse mencionar, que seguramente fueron los miembros de la asociación ilícita quienes dieron origen a los rumores o trascendidos acerca de las importantes empresas y personas que realizaban operaciones en CBI, lo que también generó en sus clientes una falsa confianza y sensación de seguridad, y de esa forma captar la mayor cantidad de ahorros posible para utilizar en su ilícita finalidad”, señaló Senestrari.

La causa

En febrero de 2014, Jorge Suau, uno de los directivos de la financiera apareció sin vida al interior de su camioneta en un camino de la localidad cordobesa de Alta Gracia. A los pocos días, Senestrari recibió una carta, aparentemente escrita por Suau, donde se consignaban posibles delitos contra el orden económico y financiero por parte de CBI y sus clientes, entre los que se encuentran importantes figuras del ambiente empresarial, sindical y político local.

A raíz de ello, el fiscal, con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) comenzó una investigación con el objetivo de determinar la existencia de las maniobras denunciadas.