Criminalidad económica
El representante del MPF consideró que los tres operadores bancarios actuaron con dolo para no aplicar la normativa en materia de prevención y que su accionar permitió el blanqueo de más de 250 millones de pesos en ahorros captados a más de 400 personas.
Los acusados están señalados junto a dos empleados y un analista informático de mantener un sistema de contabilidad paralela de franquicias comerciales con la finalidad de obtener una mayor rentabilidad económica que la que efectivamente ponían de manifiesto ante la AFIP.
Así lo dispuso la jueza María Gabriela Lanz. De acuerdo con la fiscalía, los imputados -entre ellos, el dueño real, Mario Víctor Cifuentes, su esposa y sus dos hijos- desarrollaron diversas maniobras para ocultar el patrimonio de la empresa convocada a concurso, desviarlo a otras firmas propias y así ...
Los representantes del MPF también solicitaron que el dueño del predio responda por la muerte de una trabajadora que falleció por hantavirus. Además, pidieron la reparación económica de las víctimas.
El juez Inchausti ordenó que la Agencia de Administración de Bienes del Estado lleve adelante la medida, que tendrá como fin “proporcionar la protección y reparación que eventualmente corresponda a las víctimas por los daños sufridos”.
Así lo resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°8 de la Capital Federal, en el marco de lo que se conoce como “la ruta del tráfico de efedrina”. Además, se decomisaron seis inmuebles, dos vehículos y veintinueve lotes de terreno, ubicados en las provincias de Entre Ríos, Mendoza, ...
La sala IV del máximo tribunal penal consideró acreditado que comercializaban cereales con documentación apócrifa y personas simuladas cuyos movimientos fueron registrados y declarados para encubrir operaciones de compra-venta marginal de granos. También dispuso que se revean las penas impuestas a dos ...
Así lo dispuso el juez federal Santiago Inchaustí, quien además les prohibió la salida del país. Otra mujer imputada fue sobreseída.
Se les imputa el haber montado una estructura financiera compleja que permitió dotar de apariencia lícita a más de 504 millones de pesos, correspondientes a fondos que las empresas del Grupo Báez percibieron del Estado Nacional, entre los años 2005 y 2009.
Los acusados están señalados junto a tres empleados y un analista de sistemas de, a través de un sistema de franquicias comerciales, mantener un sistema de contabilidad paralela con la finalidad de obtener una mayor rentabilidad económica que la que efectivamente ponían de manifiesto ante la AFIP.