17 de septiembre de 2019
17 de septiembre de 2019 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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En línea con el requerimiento de la Fiscalía N°1 en lo Penal Económico, la PROCUNAR y PROCELAC
Procesaron con prisión preventiva a los integrantes de una organización dedicada al narcotráfico y al lavado de activos que operaba en Argentina y España
Así lo dispuso el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola, quien además ordenó embargos hasta cubrir los 7.400 millones de pesos. Los doce procesados están imputados de formar parte de una asociación criminal de carácter trasnacional dedicada al tráfico de estupefacientes, contrabando de divisas y lavado de activos.

En línea con el requerimiento del titular de la Fiscalía N°1 en lo Penal Económico, Pablo Turano, la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), que encabeza Diego Iglesias, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de Mario Villar y Laura Roteta, el Juzgado N°2 en lo Penal Económico ordenó el procesamiento con prisión preventiva de doce integrantes de una organización dedicada al narcotráfico y al lavado de activos que operaba en Argentina y España, denominada como “clan Loza” o “Familia Loza”. Además, el juez ordenó trabar embargos sobre sus bienes hasta cubrir la cifra de $ 7.400 millones.

Los hechos

La investigación comenzó el 20 de noviembre del 2017, cuando dos personas fueron detenidas en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza al intentar ingresar al país €365.800 escondidos en tres valijas provenientes de Madrid. A través de una investigación desarrollada por la PROCUNAR desde el 2011, se logró establecer que el dinero estaba relacionado con una organización narcocriminal transnacional, que era investigada por la justicia federal Argentina y por la Policía Nacional Española. A partir de ese momento, se realizó un trabajo en conjunto entre los distintos representantes del Ministerio Público Fiscal que permitió conocer el complejo funcionamiento de esta asociación criminal transnacional.

La pesquisa fue posible por el trabajo conjunto desplegado por distintas agencias estatales, encabezados por el Ministerio Público Fiscal junto a la Gendarmería Nacional, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el Departamento Narcotráfico de la Dirección Nacional de Aduanas de Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Unidad de Información Financiera (UIF). Asimismo, se contó con la colaboración de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DGCRI) de la PGN -que coordina Diego Solernó-, la Administración para el Control de Droga de Estados Unidos -Drug Enforcement Administration (DEA)-, EUROJUST (órgano de la Unión Europea encargado de la cooperación judicial internacional) y la justicia del Reino de España.

Oportunamente, en el tramo investigado en Argentina, los representantes del Ministerio Público Fiscal le solicitaron al juzgado itnerviniente el allanamiento de 47 inmuebles, la detención de 12 personas y se libraron 13 órdenes de presentación judicial, que fueron materializadas por la Unidad de Operaciones Antidrogas de la Gendarmería Nacional Argentina.

Asimismo, en forma simultánea y coordinada, en España se llevaron a cabo otros 26 allanamientos y 23 detenciones, respecto a la parte de la organización que se encuentra asentada en dicho país europeo, mientras que en Italia se concretaron otras cinco detenciones. Esta actuación coordinada, que se llevó adelante durante toda la investigación, permitió desbaratar la organización narcocriminal de carácter trasnacional en su totalidad y decidir conjuntamente respecto a la elección de la jurisdicción en mejor posición para hacerse cargo de cada parte del proceso en el marco del Equipo Conjunto de Investigación.

Procesamientos

Tras la indagatoria de los doce detenidos, el titular del Juzgado N°2 en lo Penal Económico, Pablo Yadarola, dispuso la prisión preventiva de los imputados ante el posible entorpecimiento de la investigación, al tiempo que trabó embargo sobre los bienes de los doce implicados, en cifras que variaron según el rol que ocupaba cada uno en la organización, alcanzando así un total de $ 7.400 millones.

En su resolución, el magistrado afirmó que los imputados eran parte de esta organización delictiva de carácter trasnacional con actuación estable, soporte estructural, división de roles, con capacidad para articular acciones tendientes a sostener el desarrollo de la actividad ilícita en el tiempo, y que tuvo como finalidad principal el tráfico ilícito de estupefacientes, especialmente el contrabando desde la Argentina hacia el Reino de España, el contrabando de divisas desde Europa al territorio nacional y el manejo de los fondos producidos en pos de mantener vigente su estructura delictiva, desde el año 2008 a la actualidad.

A su vez, sostuvo que todos los integrantes tenían el pleno conocimiento de integrar la organización y que para desarrollar los actos delictivos se habrían valido de un mecanismo de sociedades, de actos simulados y otras maniobras tendientes a dificultar el control estatal.

Cabe destacar que, debido a las características y magnitud de la estructura criminal investigada, fue necesaria durante toda la investigación la actuación simultánea y el intercambio de información en tiempo real entre las autoridades policiales y judiciales de la República Argentina, del Reino de España y de la República Italiana. Por su parte, las autoridades españolas están abocadas en lo que concierne a la investigación de las actividades de la organización mencionada en el continente europeo, especialmente respecto del contrabando de estupefacientes y su posterior distribución.