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La defensa del oficial de la Comisaría Vecinal 4D, Sebastián Jorge Baidón, habían pedido que se declare nulo el requerimiento de elevación a juicio presentado por el fiscal Leonel Gómez Barbella.
La acusación incluye la alteración de la identidad de al menos siete niños y niñas; el acopio de un arsenal de armas y resistencia a la autoridad al momento de los allanamientos. . El MPF solicitó que se repare económicamente a cada una de las 10 víctimas con 6,6 millones de pesos. Requirió el ...
Así lo comunicó el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 7 porteño, que desde febrero de este año juzga a 17 personas por lo ocurrido dentro del boliche la madrugada del 10 de septiembre de 2010. Las querellas alegarán ese mismo día y a partir del 2 de mayo lo harán las defensas.
El fiscal Javier De Luca había dictaminado previamente que en el caso las normas que restringen el derecho al voto de una persona condenada son inconstitucionales. La Cámara puso de relieve que en el caso se violó el principio contradictorio, puesto que el tribunal resolvió de manera distinta al pedido ...
Al agente de la entonces Policía Metropolitana Iván Blizniuk le fijaron una pena de siete años y seis meses de prisión mientras que el maquinista naval Alexandr Chikalo fue condenado a seis años de prisión. A ambos se los consideró responsables del delito de "almacenamiento de estupefacientes”.
Fue detenido el 1 de abril pasado en el marco de una coordinación entre el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Ministerio Publico Fiscal de la República Oriental del Uruguay mediante la Red de Fiscales Antidrogas. En el país vecino se lo vincula a un caso en el que se decomisaron 300 kilos de ...
Para el Ministerio Público Fiscal quedó acreditada la participación de dos hombres y una mujer en la captación de un niño de cuatro años de edad con la finalidad de cobrar un rescate por la suma de 2 millones de pesos. El próximo martes se conocerá el veredicto.
De acuerdo al fallo dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín, los prefectos (junto con otra persona) conformaron una banda que participó en varios hechos ilícitos, entre ellos, una privación ilegítima de la libertad ocurrida en noviembre de 2018.
Están acusados de conformar una secta criminal cuya estructura fue utilizada para cometer distintos delitos contra al menos diez víctimas en situación de vulnerabilidad con el fin de reducirlas a la servidumbre y lograr su explotación económica, sexual y laboral.
El recurso de casación había sido presentado por fiscal general adjunto ante la Cámara Federal porteña.
El juez Inchausti ordenó que la Agencia de Administración de Bienes del Estado lleve adelante la medida, que tendrá como fin “proporcionar la protección y reparación que eventualmente corresponda a las víctimas por los daños sufridos”.