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Uno de los hombres habría sido quien ingresó a la casa, mientras el otro lo guiaba por radio desde el exterior. Durante la investigación, la Fiscalía analizó llamadas telefónicas y cámaras de seguridad.
El pedido fue realizado por el fiscal Santiago Vismara, a cargo de la Fiscalía Correccional N° 6. Se trata de un hombre que está acusado de golpear a su ex pareja en junio de 2013.
El fiscal Gabriel de Vedia dictaminó en una causa en la que se dictó sentencia definitiva en 1994 sobre la liquidación previsional de una mujer, y cuya ejecución se prolongó hasta la actualidad por cuestiones de competencia.
El representante del Ministerio Público Fiscal, Fernando Arrigo, manifestó que ninguna de las nulidades planteadas se encuadran como cuestiones preliminares y sostuvo que las defensas no demostraron un agravio que afecte garantías constitucionales.
Un Tribunal especial no aceptó el desplazamiento del juez Rodrigo Giménez Uriburu, solictado por las defensas durante la audiencia pasada. Los jueces empezaron con la lectura de las indagatorias del ex jefe de la Policía Federal Argentina Rubén Jorge Santos.
La Unidad de Delitos contra el Medio Ambiente, a cargo de Ramiro González, inició una pesquisa por la posible comercialización y tráfico de especies protegidas.
Así lo dispuso el Tribunal, en concordancia con el pedido del fiscal. Los dos jóvenes fueron enjuiciados por dos robos agravados y el homicidio del oficial. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 4 de abril.
El fiscal de Vedia consideró que aunque no esté expresado taxativamente por la ley que creó la justicia Federal de Primera Instancia en la materia, la cuestión está comprendida dentro del ámbito de su competencia.
El interno, luego de haber intentado suicidarse y lastimarse la cara, habría sido golpeado y abusado sexualemente por los agentes imputados. Más tarde, lo llevaron a la enfermería donde continuaron los golpes y las amenazas mientras el detenido estaba atado a una cama.
Los dos imputados integraban la “banda de la viuda negra” y están acusados de la muerte de un jubilado, ocurrida en Recoleta en julio de 2004.
La magistrada rechazó los argumentos de los abogados de los acusados quienes habían argumentado el pedido de desplazamiento de los representantes del Ministerio Público en el supuesto "encono" contra los imputados y la Policía Metropolitana.
El fiscal había pedido penas diferenciadas para los siete imputados, pero el Juzgado condenó a tres de los acusados y absolvió a los restantes cuatro. El 1° de abril a las 18:00, se conocerán los fundamentos de la sentencia.