Lesa humanidad
Ángel Córdoba y Roberto Mazzoni deberán responder a los cargos de incumplimiento de sus funciones y encubrimiento, aunque la Fiscalía los acusa por asociación ilícita, torturas y secuestros. También irá a juicio un ex agente del SPF.
Luis Alberto Cayetano Wagner Lezcano dijo que fue torturado mediante golpes, latigazos y sumersión de su cabeza en agua. También, destacó la vinculación en el accionar represivo de los países del cono sur, especialmente entre Argentina y Paraguay
Se trata de Eduardo Carlos Videla, acusado en más de cincuenta hechos por su actuación en el Batallón de Comunicaciones 181 de esa ciudad entre 1976 y 1977. Avanza la investigación sobre los crímenes en el V Cuerpo del Ejército.
Se trata del teniente coronel Luis María Delaico y del oficial de Estado Mayor Rául Esteban Andrés. Están acusados en la denominada “Mega Causa del Ejército” por haber cometido los delitos de asociación ilícita, secuestros, homicidios y torturas
Guillermo Friele y el titular de la Unidad de Apropiación, Pablo Parenti expondrán hoy ante el tribunal. Los imputados son el ex militar Héctor Salvador Girbone y el matrimonio integrado por su primo Salvador Norberto Giribone y Raquel Ali Amhed.
El representante del Ministerio Público consideró muy importante que el gobierno boliviano haya deportado rápidamente al militar condenado a 25 años de prisión.
Se los acusa de tormentos calificados, asociación ilícita y privación ilegal de la libertad de 43 víctimas y por los homicidios de dos estudiantes. Es el sexto juicio por crímenes de lesa humanidad en la ciudad.
El ex militar Héctor Salvador Girbone y el matrimonio integrado por su primo Salvador Norberto Giribone y Raquel Ali Amhed están acusados por la apropiación de Pablo Javier Gaona, quien fue restituido a su familia el 1° de agosto de 2012.
Se trata del caso que tuvo como víctima al secretario General de los Trabajadores Municipales de San Lorenzo, Manuel Casado. Casación ratificó las condenas a ocho años y medio de prisión dictadas por el TOCF N°1 de Rosario.
Dos imputados fueron sentenciados a prisión perpetua, uno a 15 años y otro a 10 por delitos cometidos en centros de detención de las ciudades de Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.