Trata de personas
El juez federal de Garantías hizo lugar al pedido del MPF. Se les imputa captar jóvenes de entre 18 y 25 años con avisos de trabajo en redes sociales. Los detalles de una investigación que inició en internet y culminó en un extenso trabajo de campo.
Se determinó que el acusado -condenado a cuatro años de prisión por trata de personas con fines de explotación sexual en 2018- obligó a la madre de una de las víctimas de ese delito a firmar, mediante violencia intimidatoria, documentos comerciales que luego utilizó para perjudicarla.
También se le atribuye haber pactado el matrimonio forzado de sus hijos a cambio de dinero y vehículos. Casación Federal coincidió con los argumentos del MPF y ordenó que se revoque la decisión, al considerar que el fallo no había evaluado todos los elementos necesarios para otorgar el beneficio.
Fue tras un recurso de la Fiscalía General de esa ciudad y PROTEX, que motivó la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal. Gustavo Alfonzo se encuentra cumpliendo una pena a diez años de prisión, y se le había concedido el beneficio por la pandemia COVID-19 tras alegar ser grupo de riesgo.
El matrimonio está acusado de trata de personas agravada. Se les imputa haber consumado la explotación de la víctima en un horno ladrillero entre 2007 y 2018, aprovechando su situación de vulnerabilidad.
De acuerdo a la acusación fiscal, que dio por probada el Tribunal, el sujeto captó a la víctima ofreciéndole estupefacientes, y junto a otras tres personas, la secuestraron y drogaron. Al menos tres de ellos abusaron sexualmente de la mujer en un departamento donde permanecieron casi 24 horas, antes de ...
La pena fue en línea con el pedido del MPF, que alegó ayer de manera remota. Durante el juicio quedó acreditado que en febrero de 2014 la víctima fue captada en Quilmes y trasladada hasta Charata, en Chaco, donde fue prostituida. Logró escapar días después, cuando le buscaban “nuevos clientes” en ...
Para el representante del MPF Jorge Gustavo Onel quedó acreditado que en dos domicilios de esa ciudad se consumó la explotación de las víctimas aprovechando su situación de vulnerabilidad. Los imputados son un hombre y una mujer.
Los fiscales marcaron en su presentación que la salud del hombre -de 43 años y con EPOC- puede ser tratada dentro de la cárcel y que su edad no lo coloca dentro del grupo de riesgo. Además, hicieron hincapié en la gravedad de los delitos cometidos y en la protección a las víctimas, algunas de las ...