En uso de las reglas de disponibilidad de la acción penal, la fiscalía federal de Salta acordó suspender el juicio a un joven acusado de desobediencia a la autoridad, quien durante un año realizará tareas de limpieza en un hogar de niños de Tucumán.
Estableció que, a los fines de determinar la procedencia de la suspensión del juicio a prueba, "los jueces carecen de autonomía para modificar la calificación jurídica sostenida por el Ministerio Público Fiscal en el requerimiento de elevación a juicio".
El requerimiento alcanza a parte de su círculo familiar y de dirigentes de la UOCRA-Seccional La Plata. La hipótesis es que exigían “aportes dinerarios” no contemplados para continuar con las obras en construcción, ingresos que luego eran blanqueados en inmuebles y vehículos, entre otros bienes.
El debate comprenderá cinco causas que fueron acumulados por el TOF de esa provincia. Serán juzgados 25 imputados -entre los que se encuentra personal de la Policía de Tucumán, de la Gendarmería Nacional y el Ejército Argentino- por un total de 335 casos de violaciones a los derechos humanos.