Lesa humanidad
La Unidad Fiscal de La Plata pidió que se rechace el pedido de inconstitucionalidad de la resolución del Ministerio de Defensa que prohibió la atención en hospitales de las fuerzas armadas, tras la fuga de Olivera y De Marchi.
La Cámara Federal de Salta confirmó el procesamiento y los embargos dictados a Carlos Pedro Blaquier y al ex administrador de Ledesma por la privación ilegal de tres víctimas, entre ellas el ex intendente, Luis Aredez.
La fiscalía de Mendoza le pidió al juez Bento que adopte esas decisiones una vez que se concrete la entrega de Romano a las autoridades argentinas. El juez está detenido con domiciliaria en Chile, de donde será finalmente extraditado.
El abogado de tres imputados apeló a un reciente pronunciamiento de la Corte Suprema que invalidó la designación de una procuradora fiscal subrogante. El tribunal consideró que la petición era extemporánea e indicó que aquella decisión no se aplica al caso.
El ex magistrado está detenido hace más de dos años pero sólo pasó cuatro días en la cárcel. Desde hace dos semanas el juez Daniel Herrera Piedrabuena cuenta con los informes que avalan la revocación de la prisión domiciliaria, pero no resuelve.
Los titulares de la Unidad que investiga la apropiación de niños y niñas durante el terrorismo de Estado fueron recibidos por el ministro Lino Barañao, quien informó sobre el traspaso del BNDG desde el Hospital Durand a la sede ministerial.
En el debate oral la fiscalía había solicitado prisión perpetua para Juan Domingo Ayala, chofer de un movil policial, por considerar que su aporte a los crímenes fue esencial. El tribunal entendió que los asesinatos pudieron cometerse sin su participación.
Se juzgarán los casos de nueve víctimas de privación ilegal de la libertad y tormentos en junio de 1977 en el Escuadrón de la Gendarmería de Chilecito, ocho de las cuales prestarán declaración testimonial en el debate. Las audiencias comenzarán hoy.
La subsecretaria letrada de la Procuración General de la Nación, Carolina Varsky, fue designada para actuar a partir de hoy como coordinadora de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que está a cargo del fiscal general Jorge Auat.
Representará al Ministerio Público Fiscal ante la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, integrada por diferentes agencias estatales y por Abuelas de Plaza de Mayo. La CONADI tiene por objeto impulsar las investigaciones por apropiación de niños y niñas e intervenir en otros casos sobre ...