El responsable de la Fiscalía Federal N°1 de San Isidro, Federico Iuspa, le solicitó a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado —a cargo del Juzgado Federal N°1 de esa jurisdicción— que indague al presidente y a la directora de la firma fintech Wenance por otros 520 hechos de estafa y por la apropiación indebida de los recursos de la seguridad social reiterada en cinco oportunidades.

El pedido alcanza al presidente y socio mayoritario de la empresa, Alejandro Muszak (57), y a su directora Paola Andrea Vallone (60), quienes, de acuerdo con la acusación, habrían “provocado a través de ardid o engaño, un desplazamiento patrimonial en 520 ocasiones, en perjuicio de 410 inversores”, que ascendería a 3.331.096.665 de pesos, 8.760.820,86 dólares y 143.600 euros. Para ello, las víctimas habrían confiado sus ahorros —tanto en moneda nacional como en divisas extranjeras (dólares y euros)— al grupo societario conformado por los imputados y por la pareja de Vallone, Pedro Luis Viggiano (57) y Rodolfo Cleto García (72), respecto de quienes también se pidió la indagatoria por estafa.

La fiscalía también pidió ayer la indagatoria de Muszak y Vallone como coautores del delito de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social, reiterado en cinco oportunidades, al no haber depositado los aportes destinados al Régimen Nacional de la Seguridad Social y de Obras Sociales que previamente dedujeron de los sueldos de los empleados de la firma Deuda Cero S.A., de la que eran responsables.

En julio pasado, a instancias de la fiscalía, la jueza Arroyo Salgado elevó a juicio parte de la investigación contra Muszak, Vallone, Viggiano y García por asociación ilícita —en carácter de líder el primero y miembros los restantes—, que habría operado entre 2016 y 2024, cuando fueron detenidos. En dicho marco, se los acusó de haber cometido otras 527 por las que ya fueron requeridos a juicio.

La investigación

De acuerdo al dictamen de la fiscalía, los 520 nuevos hechos por los que se pidió la indagatoria habrían sido cometidos en el marco de la referida asociación ilícita y guardan similitudes con las otras 524 estafas investigadas en la causa que comenzó en agosto de 2023 y que fue elevada a juicio en julio pasado.

En este nuevo tramo de la investigación, la fiscalía consideró que la maniobra defraudatoria se vinculaba “con la operatoria de constitución de fideicomisos financieros y firma de contratos de mutuo, ofrecidos por las distintas sociedades del conglomerado empresarial” liderado por Muszak y que “fueron ejecutados de manera concertada bajo la dirección de la misma asociación ilícita”.

En ese contexto, a través de ardid o engaño, 410 inversores habrían confiado sus ahorros —en moneda nacional y extranjera (dólares y euros)— al grupo societario conformado por los imputados. Así, mediante la suscripción de contratos de mutuo o fideicomisos financieros, se les prometía que el dinero entregado se destinaría “a inversiones rentables, con la promesa de obtener intereses elevados que generaron en los damnificados la expectativa de una ganancia extraordinaria”.

Sin embargo, ello “no fue más que uno de los tantos ardides empleados, al que se aduna la simulación de operaciones de inversión legítimas mediante fideicomisos financieros, la interposición de múltiples sociedades, la presentación engañosa de solvencia y respaldo financiero, la difusión masiva a través de medios digitales y redes”, destacó la fiscalía.

De acuerdo al dictamen fiscal, “dichas estrategias fueron empleadas para inducir a error a las víctimas y provocar así el desprendimiento patrimonial, dentro de un esquema fraudulento planificado y ejecutado por el entramado societario liderado por Muszak”.

En ese contexto, se le atribuyeron a Muszak la presunta comisión de 520 hechos de estafa, cometidos a través de las firmas Wenance S.A. —fideicomisos FINTOP, y MERCHANT—, Créditos al Rio S.A. —fideicomiso FINUP—, Be Capital Inversora S.A., Wenance Lending de España, Abuntia Services SL y Arrayanes Capital S.A.

Por su parte, Vallone habría intervenido, como coautora, en 219 estafas en las que intervino Wenance S.A. mediante los fideicomisos FINTOP y MERCHANT, mientras que su pareja estaría involucrada en otros 213 hechos en los que intervinieron las firmas Créditos al Rio —Fideicomiso FINUP— y Abuntia Services SL. Finalmente, a García se le imputa su coautoría en los 75 hechos en los que actuó la sociedad Be Capital Inversora S.A.

Durante la investigación, el representante del Ministerio Público Fiscal contó con la colaboración de distintas áreas especializadas del MPF como la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) —que depende de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI)—, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

El conglomerado Wenance

De acuerdo a la prueba recabada, el 25 de junio de 2002, Muszak constituyó la firma Compañía Inversora Latinoamericana S.A. (CILSA), de la cual era presidente y representante legal. La empresa tenía como fin la concesión de préstamos en efectivo a sola firma, dirigidos a personas que, al no reunir los requisitos exigidos por las entidades financieras tradicionales, se encontraban imposibilitadas de acceder a créditos bancarizados. Posteriormente, el 14 de noviembre de 2016, la firma cambió su denominación a Wenance S.A.

Por su parte, Vallone integró el órgano de administración de Wenance, donde se desempeñó como directora suplente, desde el 14 de septiembre de 2015 hasta el 16 de febrero de 2017, cuando fue designada directora titular.

Viggiano figuraba como presidente de la firma Créditos al Río S.A., constituida el 12 de enero de 2018; y como representante y único accionista de Abuntia Services SL, constituida el 29 de abril de 2021 en la ciudad española de Madrid.

Finalmente, García integraba Be Capital Inversora S.A., firma inscripta en la Inspección General de Justicia, el 22 de abril de 2021.

El conglomerado también incluía las empresas Avilis S.A. (integrada por Muszak y Vallone), Wenance Lending de España (constituida el 27 de marzo de 2018, en Madrid, y cuyo representante y administrador era Muszak) y Arrayanes Capital S.A. (que operaba con el nombre de fantasía Big Capital Investment desde el 9 de octubre de 2019).

Según el requerimiento, tras poner en marcha Wenance, “Muszak diseñó un nuevo esquema de negocios basado en la constitución de diversos fideicomisos financieros, cuyo propósito consistía en sostener la actividad crediticia previamente desarrollada”.

El discurso para captar nuevos clientes se centraba en la presentación de supuestos beneficios económicos al tiempo que “se proyectaba la imagen de Alejandro Muszak como un empresario exitoso y referente en el ámbito financiero, destacando su experiencia previa y presentándolo como creador y director de todos los negocios ofrecidos. Esta construcción discursiva buscaba otorgar credibilidad y legitimidad a las propuestas, reforzando la confianza de los potenciales inversores y facilitando la captación de sus ahorros”, destacó la fiscalía.

El representante del MPF señaló que “la magnitud de la empresa, la expansión internacional y la existencia de una estructura con más de doscientos empleados denotan la existencia de un entramado societario y organizacional que habría permitido dotar de apariencia de legalidad a operaciones que, en su esencia, resultaban fraudulentas. Wenance y sus distintas marcas, habrían sido utilizadas para ocultar la verdadera magnitud del negocio y diluir responsabilidades penales, mediante la rotación de razones sociales, sedes y representantes legales, lo que dificulta deliberadamente la trazabilidad de los fondos y la identificación de los responsables”.

Según la fiscalía, luego de cumplirse inicialmente con los pagos de los intereses pactados, en julio de 2023 las sociedades que integraban el denominado Grupo Wenance entraron en estado de cesación de pagos y dejaron de cumplir las obligaciones asumidas, por lo que privaron a los inversores de la devolución de su capital como de los intereses prometidos, lo que evidenció en verdadero carácter defraudatorio de la maniobra.

Iuspa consideró que “no se trató de un incumplimiento contractual de índole comercial, sino de un esquema defraudatorio desde su origen, consistente en presentar a los inversores, créditos inexistentes o falsamente cedidos, con el único objeto de captar fondos bajo apariencia de legalidad”.

Por otra parte destacó que “el desvío de los capitales obtenidos en perjuicio de los inversores y en beneficio de los acusados, se evidencia a partir de su notorio crecimiento patrimonial personal, como así también de los cuantiosos gastos derivados del funcionamiento de la estructura societaria montada —sueldos de empleados y directivos, alquileres de inmuebles, honorarios fiduciarios, publicidad, desarrollo tecnológico, entre otros—, los cuales resultan a todas luces desproporcionados en relación con la actividad declarada y sin que se adviertan otras fuentes de ingresos lícitas que pudieran justificar tales erogaciones”.

Apropiación indebida de los recursos de la seguridad social

Por otra parte, en su dictamen de ayer, el fiscal federal Iuspa pidió la indagatoria de Muszak como coautores del delito de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social, reiterada en cinco oportunidades.

La causa se inició por una denuncia del jefe interino de la Sección Penal Tributaria de la División Jurídica de la Dirección Regional Norte de la Dirección General Impositiva (DGI) de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En la presentación, el funcionario señalaba que el contribuyente Deuda Cero S.A. —empresa dedicada a brindar servicios de gestión de fondos a cambio de una retribución—retuvo los aportes de sus empleados en relación de dependencia con destino al Régimen Nacional de la Seguridad Social, pero omitió depositarlos dentro del plazo establecido. Así, se habrían apropiado de $23.574.067,81, correspondientes a los periodos fiscales de abril, mayo, junio, julio y diciembre de 2023.

Si bien, de acuerdo a los registros del organismo, la empresa estaba a nombre de otras personas, la investigación desarrollada con colaboración de la DAFI, evidenció que —desde marzo de 2018— Muszak era presidente, administrador de relaciones de clave fiscal ante ARCA y firmante y/o operador de cuentas corrientes de Deuda Cero, mientras que Vallone figuraba como directora suplente y firmante autorizada en cuentas bancarias.

Así, en base a las pruebas recabadas, la fiscalía consideró “que la falta de ingreso de los fondos no obedeció a una imposibilidad fáctica de pago, sino a una decisión consciente de la administración de la sociedad de desviar los recursos previsionales retenidos a los trabajadores para financiar la operatoria comercial de la firma o atender otros compromisos”.

“Alejandro Muszak y Paola Adriana Vallone, dada su condición de obligados y responsables de la firma Deuda Cero S.A., conocían las obligaciones que les incumbían y que les eran inherentes dentro de la referida sociedad, como cabeza de ésta en cuanto a su administración y dirección, y tuvieron la voluntad de encaminar su actuación conforme a ese conocimiento”, destacó el fiscal en su dictamen.