La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, indagará el 17 de septiembre próximo al presidente y a la directora de la firma fintech Wenance, por su presunta intervención en 44 estafas. Así, la magistrada hizo lugar al requerimiento formulado, en abril pasado, por el fiscal federal Federico Iuspa, a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de esa jurisdicción.

La medida alcanza al presidente y socio mayoritario de la empresa, Alejandro Muszak (57), y a su directora Paola Andrea Vallone (60), quienes, de acuerdo con la acusación, ofrecían préstamos personales, con condiciones poco claras, a personas que no podían acceder a créditos formales. Luego, les debitaban montos superiores a los pactados y cuando las personas damnificadas reclamaban, esgrimían problemas de sistema.

Cabe destacar que Muszak y Vallone ya fueron requeridos a juicio por tres hechos de estafa investigados en la misma causa. También, en junio pasado, a instancias de la fiscalía, la jueza Arroyo Salgado elevó a juicio otra investigación seguida contra ellos; la pareja de Vallone, Pedro Luis Viggiano (57); y Rodolfo Cleto García (72), por asociación ilícita —en carácter de líder el primero y miembros los restantes— y la comisión de otras 524 estafas. Además, la pesquisa también continúa, en otras causas acumuladas, respecto de otros casos de estafa y por los delitos de lavado de activos, intermediación financiera no autorizada, insolvencia fraudulenta, ocultamiento de inmuebles y fuga de capitales.

44 nuevas estafas

Está investigación comenzó el 1° de febrero de 2017, por la denuncia de un damnificado a la que, luego, se acumularon otras 144 causas similares.

De acuerdo al requerimiento de la fiscalía, Muszak y Vallone, a través del conglomerado de empresas que, respectivamente, presidía y administraba, desplegó “una estrategia de captación de clientes basada en publicidad engañosa difundida a través de diversas páginas web —entre ellas https://prestohoy.com.ar, https://weilponlinecoar.com, https://holamango.com y https://micredito.luquitas.com.ar— y de campañas masivas en redes sociales, mediante la cual ofrecían créditos personales bajo condiciones que aparentaban ser claras, accesibles y financieramente viables”.

En tal sentido, el fiscal Iuspa señaló “el perfil homogéneo que presentan la gran mayoría de los damnificados: se trata de personas de bajos ingresos, con dificultades de acceso al sistema financiero tradicional, con historial crediticio deteriorado, quienes recurrieron a las plataformas del conglomerado Wenance como última alternativa para cubrir necesidades básicas de liquidez”.

Cuando la víctima ingresaba a las plataformas y llenaba el formulario, era contactada por un agente de alguna de las empresas de la firma. “Una vez que el cliente accedía a alguna de las opciones crediticias ofrecidas, se le requerían los datos de su cuenta bancaria a fin de instrumentar el débito automático de las cuotas”, explicó el fiscal. Luego de que la empresa transfería el dinero, comenzaba “la posterior ejecución de débitos bancarios que exceden lo pactado o que carecen de causa legítima, muchas veces bajo denominaciones societarias intercambiables o similares”.

El uso de distintas denominaciones reveló una estrategia para eludir los “stop debit” a los que apelaban las víctimas para evitar que les descontaran el dinero que no correspondía, al tiempo que servía “para encubrir los cobros ilegítimos mediante una fragmentación artificial de la identidad comercial del cobrador, reduciendo así las posibilidades de detección temprana del fraude”.

El representante del Ministerio Público Fiscal añadió que, “lejos de actuar con mayor diligencia o transparencia frente a ese universo particularmente vulnerable de personas, la empresa utilizó esa característica para maximizar el rédito ilícito, imponiendo sobre ellos cargas económicas excesivas e ilegítimas —débitos múltiples, montos sin justificación, intereses ficticios, penalidades inexistentes— que difícilmente habrían podido ser replicadas con otro tipo de consumidores”. Además, “la falta de contratos entregados, la ausencia de canales de atención presenciales y el carácter digital y disperso de la operatoria resultaban especialmente gravosos para este perfil de víctimas, que habitualmente no cuentan con recursos técnicos, jurídicos ni económicos para enfrentar a una firma de esta magnitud, lo que terminó profundizando su indefensión”.

En virtud de las pruebas recolectadas, Iuspa pidió que se cite a declaración indagatoria a Muszak y Vallone, como coautores del delito de estafa reiterado en 44 oportunidades.

Créditos no pedidos

Por otra parte, el fiscal se refirió a otros 17 casos donde las víctimas manifestaron no haber gestionado ningún préstamo y, sin embargo, Wenance u otras empresas vinculadas les debitaron dinero. Las víctimas destacaron que tomaron conocimiento de los débitos tras contactar a la empresa o a sus bancos, que eran los que los efectivizaban.

Dichas denuncias eran similares a las 21 investigadas en otra causa de 2024, a la que pidió que se acumule.

El conglomerado Wenance

En el marco de una causa iniciada en agosto de 2023 y elevada a juicio en julio pasado, la Fiscalía Federal N°1 de San Isidro investigó 524 estafas que habrían sido cometidas a través “de un complejo entramado societario que les permitió, el despliegue de estas maniobras orientadas a perjudicar a los damnificados, en beneficio propio y/o de terceros”.

Así, se les atribuyó a Muszak el rol de jefe, y a Vallone, Viggiano y García, el de miembros, de una asociación ilícita dedicada a defraudar a distintas personas físicas y jurídicas, a las que engañaban para que les entregaran sus ahorros o capitales, con la excusa de efectuar inversiones que tendrían grandes beneficios. Para ello, suscribían contratos de mutuo constituían fideicomisos financieros.

De acuerdo a la prueba recabada, el 25 de junio de 2002, Muszak constituyó la firma Compañía Inversora Latinoamericana S.A. (CILSA), de la cual era presidente y representante legal. La empresa tenía como fin la concesión de préstamos en efectivo a sola firma, dirigidos a personas que, al no reunir los requisitos exigidos por las entidades financieras tradicionales, se encontraban imposibilitadas de acceder a créditos bancarizados. Posteriormente, el 14 de noviembre de 2016, la firma cambió su denominación a Wenance S.A.

Por su parte, Vallone integró el órgano de administración de Wenance, donde se desempeñó como directora suplente, desde el 14 de septiembre de 2015 hasta el 16 de febrero de 2017, cuando fue designada directora titular.

Viggiano —pareja de Vallone y mecánico de Muszak— figuraba como presidente de la firma “Créditos al Río S.A.”, constituida el 12 de enero de 2018; y como representante y único accionista de Abuntia Services SL, constituida el 29 de abril de 2021 en la ciudad española de Madrid.

Finalmente, García integraba “Be Capital Inversora S.A.”, firma inscripta en la Inspección General de Justicia, el 22 de abril de 2021.

El conglomerado también incluía las empresas Avilis S.A. (integrada por Muszak y Vallone), Wenance Lending de España (constituida el 27 de marzo de 2018, en Madrid, y cuyo representante y administrador era Muszak) y Arrayanes Capital SA. (que operaba con el nombre de fantasía “Big Capital Investment desde el 9 de octubre de 2019).

Tras poner en marcha Wenance, “Muszak diseñó un nuevo esquema de negocios basado en la constitución de diversos fideicomisos financieros, cuyo propósito consistía en sostener la actividad crediticia previamente desarrollada”. El discurso para captar nuevos clientes se centraba en la presentación de supuestos beneficios económicos al tiempo que “se proyectaba la imagen de Alejandro Muszak como un empresario exitoso y referente en el ámbito financiero, destacando su experiencia previa y presentándolo como creador y director de todos los negocios ofrecidos. Esta construcción discursiva buscaba otorgar credibilidad y legitimidad a las propuestas, reforzando la confianza de los potenciales inversores y facilitando la captación de sus ahorros”, destacó la fiscalía.

El representante del MPF señaló que “la magnitud de la empresa, la expansión internacional y la existencia de una estructura con más de doscientos empleados denotan la existencia de un entramado societario y organizacional que habría permitido dotar de apariencia de legalidad a operaciones que, en su esencia, resultaban fraudulentas. Wenance y sus distintas marcas, habrían sido utilizadas para ocultar la verdadera magnitud del negocio y diluir responsabilidades penales, mediante la rotación de razones sociales, sedes y representantes legales, lo que dificulta deliberadamente la trazabilidad de los fondos y la identificación de los responsables”.

Según la fiscalía, luego de cumplirse inicialmente con los pagos de los intereses pactados, en julio de 2023 las sociedades que integraban el denominado Grupo Wenance entraron en estado de cesación de pagos y dejaron de cumplir las obligaciones asumidas, por lo que privaron a los inversores de la devolución de su capital como de los intereses prometidos, lo que evidenció en verdadero carácter defraudatorio de la maniobra.

Iuspa consideró que “los imputados se valieron de la estructura societaria y, particularmente, de la figura de los fideicomisos financieros, contratos de mutuo y préstamo, con el objeto de captar fondos de manera engañosa, sin intención de cumplir con las obligaciones asumidas y con el claro objetivo de desviarlas en su propio beneficio”. Agregó que “no se trató de un incumplimiento contractual de índole comercial, sino de un esquema defraudatorio desde su origen, consistente en presentar a los inversores, créditos inexistentes o falsamente cedidos, con el único objeto de captar fondos bajo apariencia de legalidad”.

Por todo ello, el fiscal consideró que las conductas imputadas encuadraban en el delito de asociación ilícita, por el que Muszak debía responder en carácter de jefe, mientras que Vallone, Viggiano y García en calidad de miembros. También, entendió que habían perpetrados numerosas estafas y le endilgó a Muszak 524 hechos, a Vallone 187 casos, a Viggiano 223 casos y a García 90 sucesos.

Lavado de activos

Otra de las investigaciones desarrolladas por la fiscalía —que absorbió las causas que tramitaban ante la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal— se centra en la posible comisión del delito de lavado de activos, derivada del desvío de los capitales sustraídos a las víctimas, en beneficio de los acusados quienes registraron un “notorio crecimiento patrimonial personal, como así también de los cuantiosos gastos derivados del funcionamiento de la estructura societaria montada —sueldos de empleados y directivos, alquileres de inmuebles, honorarios fiduciarios, publicidad, desarrollo tecnológico, entre otros—, los cuales resultan a todas luces desproporcionados en relación con la actividad declarada y sin que se adviertan otras fuentes de ingresos lícitas que pudieran justificar tales erogaciones”.

En la causa colaboraron la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). En dicho marco, se estableció que Muszak habría comprado lujosas propiedades en la zona porteña de Las Cañitas, en el country Nordelta del partido bonaerense de Tigre y en la ciudad estadounidense de Miami, como así también un automóvil Porsche Carrera 4S, un Austin Healy 3000MKIII, una Ferrari 458 y una camioneta Audi Q7. Finalmente, realizó numerosos viajes internacionales a destinos como Uruguay, España, Estados Unidos, México, Panamá, Italia, Brasil, Gran Bretaña, Qatar y Alemania. Toda ello, incompatible con un perfil económico como el que declaraba ante las autoridades.

Además, también se determinó que, entre 2016 y 2022, Wenance contaba con un parque automotor que incluía vehículos de alta gama tales como Mercedes Benz, Porsche, Toyota, Mini Cooper y Peugeot, lo que, en opinión de la fiscalía “refuerza la conclusión de que tales bienes y gastos fueron financiados, en gran medida, con los fondos captados fraudulentamente de los inversionistas”.