Acusatorio
Fueron dos encuentros destinados a integrantes de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de esa provincia, junto a abogados de la matrícula y alumnos de la Universidad Nacional de Cuyo.
La Unidad a cargo del fiscal federal José Luis Bruno intervino en julio en 60 causas que tramitaron bajo el nuevo Código Procesal Penal Federal: cinco fueron por narcotráfico y se resolvieron a través de juicios abreviados. Las penas fueron de entre cuatro y cuatro años y medio de prisión.
Fue en el marco de un proceso iniciado a una persona por haber resistido un control policial, como así también por el delito de encubrimiento de contrabando de 550 kilos de hojas de coca en una camioneta. Los jueces de Revisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta consideraron aplicable el ...
Lo dispuso hoy el Juzgado de Garantías de Salta, al homologar el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa técnica del imputado, quien había sido detenido el pasado 13 de julio en un control llevado adelante por personal de Gendarmería Nacional.
La droga estaba oculta en el interior de una encomienda, en la bodega de un micro. Es la primera condena firme por la comisión de un delito de narcocriminalidad que se dicta en esa jurisdicción salteña.
Se trata de un ciudadano extranjero detenido el 13 de junio, cuando intentó ingresar al país 226 gramos de cocaína ocultos en sus zapatillas. En el marco de un juicio abreviado, se acordó su condena y la salida voluntaria del país en un plazo de 24 horas tras el dictado de la sentencia.
La causa se inició el 26 de junio, tras un control de rutina de Gendarmería Nacional en la Ruta Nacional N° 34 a un ómnibus: allí había un pasajero que llevaba consigo un kilo de ese estupefaciente. Intervino la Unidad Fiscal a cargo del fiscal federal Federico Zurueta.
El imputado -condenado a cuatro años de prisión- fue detenido en el kilómetro 1873 de la Ruta Nacional Nº9 con un kilo de cocaína. El trámite de la investigación requirió apenas diez días desde que se produjo el hecho.
La medida fue impulsada por el Ministerio Público Fiscal junto con el Ente Nacional de Comunicaciones, luego de que se detectase que varias agencias de remises operaban con equipos que podían interferir en la frecuencia radioeléctrica del aeropuerto Martín Miguel de Güemes.