Fiscalías
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de esa jurisdicción les impuso penas de entre 10 y 11 años de prisión. Además, ordenó el decomiso de la camioneta utilizada en el hecho, los teléfonos celulares y un arma incautada en la vivienda de uno de los imputados.
La solicitud alcanza a 23 personas que también son investigadas por evasión tributaria y lavado de dinero, a los representantes legales de una cooperativa y a cinco empresas. Además, fueron requeridas medidas cautelares patrimoniales. El perjuicio ocasionado al fisco se estimó en 150 millones de pesos.
"José Orellana se valió de la posición de superioridad jerárquica, de la investidura de Diputado Nacional para intimidar a la víctima y de ese modo concretar el acto sexual”, aseguró el fiscal Sandro Abraldes. En su alegato, había pedido una pena de tres años y seis meses de prisión por lo ...
Fue por decisión del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº7, que condenó también a otro de los involucrados en el hecho a 23 años de prisión. Los fundamentos se conocerán en febrero de 2023.
La representante del MPF impulsó la acción penal y requirió una serie de medidas de pruebas para una investigación que también incluye al ministro de Seguridad porteño y a miembros del Grupo Clarín, entre otros. El dictamen completo a continuación, con las medidas testadas.
"Ansiamos que, a partir de este caso emblemático, se siga construyendo una mayor conciencia ciudadana y se continúe fortaleciendo la Justicia como poder independiente del Estado", señalan los representantes del Ministerio Público Fiscal.
"La estructura de razonamiento del tribunal ha sido construida sobre una cantidad considerable de indicios que llevaron a tener por probada la autoría de Sonia Rebeca Soloaga en el doble homicidio y robo del dinero propiedad de Alberto Antonio Chirico y María Delia Speranza”, sostuvo la Cámara Nacional ...
Fue en el marco de veintiséis allanamientos realizados el 29 de noviembre pasado. Los imputados utilizaban puertos no habilitados en la localidad correntina de Monte Caseros, para transportar los bienes hacia las costas de Uruguay y Brasil.
El hecho ocurrió en marzo pasado. La víctima fue retenida y ocultada por sus captores, quienes solicitaron un rescate de cincuenta mil dólares a su familia, el cual no se concretó.
Así lo resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín, al entender que la solución alternativa no es aplicable a delitos cometidos en ejercicio de sus funciones.